Las encuestas más recientes registran el
descenso de la aprobación presidencial en el último mes. Mientras una de ellas
muestra una caída de 4 puntos, la otra evidencia una pérdida de 5 puntos, coincidiendo ambas en que es en el sur donde se ve más
afectado el mandatario, descendiendo 7, afectado entre otras cosas, por las
dificultades del Estado para responder a los huaicos y los eventos naturales
que golpean esa zona del país.
En tanto que se trata del segundo mes en
el que la popularidad de Martín Vizcarra desciende, distintos periodistas y
analistas creen que estamos próximos al fin de la sintonía del mandatario y la
opinión pública, facilitada por el referéndum, pero especialmente por su
posicionamiento en materia de corrupción. Lo cierto es que en las últimas
semanas, no obstante la marcha del proceso Lava Jato y la suscripción del
acuerdo con Odebrecht, las debilidades y limitaciones del gobierno se han
evidenciado.
Los fenómenos naturales del sur se
repitieron en el centro y el norte del país. En esta región, las lluvias e inundaciones en Piura, Tumbes y Lambayeque, mostraron el
nulo avance de la reconstrucción y desnudaron la retórica vacía de nuestras
principales autoridades, tratando de explicar la incapacidad de la gestión
pública y el condenable retraso que hay en un proceso próximo a cumplir dos
años. Ver recientemente en los medios de comunicación, cómo mientras Sullana se
inundaba, una ministra, en nombre de la prevención anunciaba el envío de «ayuda
humanitaria» en el BAP Pisco, fue el mejor indicativo de nuestra precariedad.
Pero con los fenómenos naturales,
distintos malestares se expresaron también en el interior del país. El paro
agrario de 48 horas en Cusco –exigiendo declarar en emergencia la agricultura
de la región y contra un supuesto intento de privatizar el agua– como una medida similar, llevada
adelante en Huánuco contra la venta de la hidroeléctrica Chaglla de Odebrecht a
una empresa china, pusieron a prueba la capacidad del gobierno, que por el
momento ha salido bien librado en ambos trances, aunque no ha resuelto los
temas de fondo. Más ampliamente, la huelga nacional de transportistas que puso
en jaque al país, concluyó con un acuerdo entre el gremio y el Ejecutivo que fue una derrota
del gobierno que insiste en mantener el peso de los impuestos indirectos (el
selectivo al consumo, en este caso), para no abordar el tema de las
exoneraciones tributarias.
La pregunta de fondo es si estos
malestares pueden multiplicarse y generalizarse al extremo de terminar con la
relación entre el Presidente y la opinión pública. Sin negar que los mismos la
desgastan, no creemos que en un plazo cercano estén en condiciones de
liquidarla. No obstante las importantes limitaciones y debilidades de un
gobierno que en todas las encuestas, puntos más o menos, aparece desde su
inicio como carente de un plan de desarrollo y poco capaz de reactivar la
economía, el principal capital del mandatario está ligado a la imagen que da en
el enfrentamiento contra la corrupción, que encabeza largamente el ranking de
la percepción ciudadana de los principales problemas del país.
Así lo han entendido sus adversarios más
enconados y asustados, con el expresidente García a la cabeza. De allí que
empiecen a multiplicarse las acusaciones de supuestas vinculaciones del
mandatario con el Club de la Construcción y con la misma Odebrecht. El ruido es
alto y en su versión maximalista se intenta construir un escenario futuro de
vacancia, como la única manera de hacer el «control de daños» que
desesperadamente buscan distintos sectores políticos y empresariales del país,
que sienten que Lava Jato les respira en la nuca. El mandatario, que desde
meses atrás es acusado alegremente de manejar al Ministerio Público y a sectores
del Poder Judicial, responde hasta ahora sin nerviosismo, aunque a veces con
poca claridad, abriéndose flancos que después, él mismo cierra. Ese parece ser
su estilo. Recordemos que si en diciembre indicó que personalmente estaba en
contra de la posibilidad de Odebrecht de seguir contratando con el Estado como
parte del Acuerdo, desde enero fue un entusiasta impulsor de éste.
La historia de la corrupción en la obra
pública es vieja y definitivamente previa a Odebrecht. El mandatario, como
muchos peruanos, seguramente lo intuye. Se trata de poderes y formas de hacer negocios que explican muchas de las fortunas nacionales.
Esa es la «construcción» que está hoy amenazada. Enfrentarla, más aún cuando la
información llega de afuera y no puede cernirse fácilmente, le seguirá dando
aire al mandatario, más allá de sus limitaciones para gobernar.
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