La decisión uruguaya de negar el asilo
al expresidente Alan García Pérez (AGP) ha sido vista como un fracaso de su apuesta por evadir la justicia recurriendo a amigos
extranjeros que supuestamente le iban a dar la mano, pero es también un hito en
la política peruana y ha sido recibida positivamente por la mayoría de la
opinión pública, que lo considera como uno de los políticos más corruptos, desprestigiado, pero con capacidad
para evadir o bloquear investigaciones judiciales en su contra.
El fracaso de AGP por lograr el asilo evidenciaría
también los límites de la política criolla, basada en gran medida en el
clientelismo, el intercambio de favores, y los lazos personales, así como en el
genio político, la sagacidad y oratoria del caudillo. En el caso del líder
aprista, se confirman sus dificultades para entender y adaptarse a las nuevas
tendencias de la política nacional e internacional, algo evidenciado antes de
manera contundente en la pobre votación que obtuvo en últimas elecciones presidenciales (5.8%).
García y su partido no fueron capaces de interpretar el desprestigio que
padecían ante la ciudadanía y al parecer no han logrado tampoco, leer
correctamente el contexto actual.
Pese a ello, AGP, a diferencia de los expresidentes
Toledo y Humala, investigados, denunciados y hasta apresados por corrupción, ha
tenido hasta la fecha la ventaja de contar con un aparato partidario que le
profesa una lealtad incondicional. Mantiene además, influencia en el Poder
Judicial y el Ministerio Público, lo que le permitió evadir las acciones de
investigación judicial y políticas (recordar, por ejemplo, la megacomisión que lo investigó en el Congreso bajo el gobierno de Humala), recurriendo a una serie de tácticas y argucias judiciales.
¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos
para que el expresidente esté «sintiendo pasos» que pueden conducirlo a la
cárcel? La respuesta no parece ser la persecución política (¿Quién tendría
interés en perseguir a un político al que los últimos resultados electorales lo
invalidan como una alternativa de gobierno?). Es probable que la lealtad
aprista se esté resquebrajando (se rumoreaba de un exfuncionario preso que
buscaba acogerse a la colaboración eficaz), pero también se están procesando
cambios a nivel institucional en los que es necesario profundizar.
Los analistas de los hechos recientes
enfatizan poco en la institucionalidad del país para entender los procesos en
curso. Estamos acostumbrados a pensar, con toda razón, en la debilidad y
precariedad de las instituciones públicas, pero ello no debería ser un
obstáculo para considerar algunos otros hechos concernientes a éstas.
Así, en estos años, pese a sus innegables
debilidades y a la persistencia de estilos y personajes corruptos que intentan
usar las instituciones públicas para su propio provecho, éstas parecen haber
consolidado también una cultura y unas prácticas que no dependen únicamente de
las personas que las lideran. De otra manera no puede entenderse la presencia
de personajes como el fiscal Pérez o el juez Concepción Carhuancho, a los que
no es posible manipular desde instancias superiores.
El debilitamiento de partidos como el
APRA, que tradicionalmente ha tenido y tiene aún influencia en aparatos del Estado,
es también un factor a tener en cuenta; se habla así de una generación de
jueces y fiscales que han ingresado y están haciendo carrera sin el padrinazgo
del citado partido y que poco o nada le deben a éste.
Las instituciones públicas no son
entonces aparatos férreamente controlados por su principal autoridad o por
alguna fuerza política predominante en el Congreso o la escena electoral del
país. Por el contrario, la experiencia reciente confirma, una vez más, que las
complejidades de las mismas pueden facilitar la corrupción, pero también facilitan
condiciones para que los funcionarios públicos puedan realizar un trabajo serio,
honesto y apegado a las normas.
Existen condiciones para que la
institucionalidad del país pueda controlar y superar los males del clientelismo
y caudillismo desinstitucionalizante, aunque hasta la fecha no se haya
encontrado la fórmula para lograrlo. Los avances en este camino, poco
percibidos debido a las precariedades existentes, no son desde luego
irreversibles, pero cuando se produce una suerte de alineamiento o coalición
anticorrupción entre actores del gobierno y de otros poderes del Estado,
algunos medios masivos y la opinión pública nacional, los resultados pueden ser
alentadores. Habrá que esperar, sin embargo, los pasos siguientes de los
actores afectados por las denuncias, pues su poder es aún importante y dista de
haber sido neutralizado.
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