La
profunda crisis del fujimorismo se agravó con la detención preventiva de Keiko
Fujimori, dictada por el juez Concepción Carhuancho días atrás. Si nos guiamos
por los sondeos de opinión, la decisión estaba cantada; tras su detención
preliminar, 71% de los encuestados creía que aquella estaba justificada, mientras 75% pensaba que existían motivos suficientes para seguirla investigando; días
después, 73% expresaba su desacuerdo con su libertad, decidida por la Segunda
Sala Penal de Apelaciones Nacional. Las encuestas mostraban ya el malestar que
Keiko Fujimori genera en la opinión pública.
Curioso
destino el de la lideresa del partido naranja, que durante dos años, con el
concurso de su bancada, se dedicó a demoler nuestro precario sistema
institucional con un empeño digno de mejor causa, afectando en el camino su
propia viabilidad política. Desde el primer momento, y más allá de la pésima
gestión de PPK, el fujimorismo, liderado por la señora K, se afirmó en el
Congreso como una fuerza revanchista, sin proyecto y sin propuestas. Tras dos
años de torpe y abusiva prepotencia, evidenciaron sin tapujos su desprecio
llano por el Estado de derecho. Bloquearon toda iniciativa para fortalecer la
capacidad de investigación sobre lavado de activos; buscaron impedir, por lo
menos retrasar, la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, varias
de ellas sospechosas de «limpiar» recursos del narcotráfico; hicieron lo
indecible por «salvar» al juez César Hinostroza, que todo indica tenía entre
sus «hermanitos» a conspicuos integrantes de la agrupación de la señora K y
hasta hoy insisten en hacernos creer que el Fiscal Pedro Chávarry es una
víctima de su compromiso contra la corrupción, protegiendo su descontrol
institucional.
Haciendo
de su aplastante mayoría parlamentaria un instrumento a su servicio,
acicateados con frecuencia y entusiasmo por sectores apristas, con quienes
comparten el interés por blindar a sus respectivos líderes, hicieron del
ejercicio legislativo, campo de su arbitrariedad absoluta. No dudaron en
enfrentarse con los medios de comunicación mediante una norma inconstitucional
que impedía el gasto público en medios privados; abrieron fuego contra el
Ejecutivo, pretendiendo «controlar» desde el Reglamento congresal la
posibilidad que la Constitución le otorga al Presidente de disolver el Congreso
en circunstancias determinadas. Más recientemente aprobaron una ley con nombre propio para permitir que Alberto Fujimori cumpla su
condena en su domicilio.
A
todas luces, los costos que pagan son altos. Si Fuerza Popular se dividió en la
«negociación» del indulto a Alberto Fujimori entre keikistas y kenjistas,
aquella sangría inicial, puede convertirse en hemorragia. A las renuncias de
Noceda y Petrozzi, siguieron las «licencias» de los actuales integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso, la colaboración «eficaz» con la Fiscalía de dos
congresistas de sus filas, la renuncia a su cargo de su Secretario General, el
cambio de sus voceros en el Parlamento y simultáneamente sus «llamados» al
diálogo y la concertación, que nadie les cree. En dos años el partido que
obtuvo más del 40% de los votos el 2016 y que tuvo una mayoría aplastante en el
Poder Legislativo, asistió a su debacle electoral en los comicios regionales y
municipales: no obtuvo un solo gobierno regional, apenas dos gobiernos
provinciales en La Libertad, menos del 3% de los votos válidos en Lima y menos
del 4.6% en el Norte, sus bastiones territoriales más importantes….
El
fujimorismo en general, el keikismo en especial, comparece en distintos
procesos judiciales, vive su peor momento electoral y es víctima del descrédito
popular, resultados todos ellos, hay que decirlo, de su esfuerzo y de los
méritos que acumularon. ¿Alcanza para hablar de su muerte, como creen muchos? Definitivamente,
creemos que no, porque el futuro no está escrito.
Ciertamente,
el futuro de Keiko está severamente afectado; más allá de si permanece en
detención preventiva o afronta el juicio que parece inevitable en libertad, el
2021 se le ha alejado y su liderazgo sobre el fujimorismo está en cuestión.
Éste, tendrá que contener lo que parece su desbande, resolver, entre otras, las
tensiones entre los históricos y «la botica» y a partir de allí, construirse un
nuevo orden y reestablecer alianzas y relaciones que han roto, asumiendo, por
ejemplo, la responsabilidad que les corresponde en lo que les ha sucedido. A fin
de cuentas, Fuerza Popular mantendrá un peso importante en el Congreso y no
dejará mágicamente de expresar a sectores de nuestra sociedad.
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