Como es
evidente a estas alturas, la audaz decisión presidencial de convocar a un
referéndum para la aprobación de cuatro reformas constitucionales, una
vinculada a la administración de justicia y tres al sistema político, ha traído
más cola de lo que inicialmente parecía. La mayoría aprofujimorista en el
Congreso se vio sorprendida, porque tras dos años de arbitrariedad y
prepotencia, quien menos esperaban les plantó cara. Convencidos de que la
defensa irrestricta del modelo económico que compartieron con el Ejecutivo –y
continúan haciéndolo– alcanzaba como telón de fondo para su arbitrariedad, creyeron
posible «mecer», si no ignorar, la determinación del mandatario.
Tras darle
largas al tema e incluso calificar a alguna de las propuestas como «mamarracho», amparándose en la
opinión de algún especialista, la mayoría parlamentaria descubrió con susto creciente que el
Ejecutivo era capaz de aumentar el tono de su presión. La opinión pública,
harta del estilo confrontacional del partido naranja y sus aliados, se expresó
tímidamente en la calle y con contundencia en las encuestas. Así, la última medición de GFK registra 52% de aprobación presidencial, subiendo 9 puntos desde agosto,
evidenciando el éxito de la estrategia definida por el Ejecutivo. La encuesta
muestra que el Presidente es respetado (51%, aumentando 7 puntos), resulta
percibido como activo y enérgico (50%, subiendo 10 puntos), aparece querido
(49%, 8 puntos más), tiene credibilidad (49%, 9 puntos nuevos) y es
identificado como cercano al pueblo (48%, sumando 7 puntos). Al otro extremo,
la aprobación del Congreso continúa su caída libre, instalándose en apenas 6%,
con 90% de desaprobación.
La asistencia del Premier al Congreso,
generalmente el más conciliador del dúo dinámico, no dejó lugar a dudas. Las
supuestas fisuras con el mandatario no eran tales y tras su fuerte pedido del
voto de confianza, finalmente aceptado tras varias idas y vueltas con 92 votos
y con una sombra de trampa –no incluía explícitamente el referéndum ni los
plazos–, a regañadientes, la representación nacional ha empezado a apurar la
marcha. Como dijéramos en una nota anterior, más allá del contenido y los
alcances de las medidas propuestas, parece claro que este partido entrará a su
segundo tiempo, que concluye en diciembre, con un equipo al ataque y otro
buscando defenderse con gran desorden.
En medio de la discusión del voto de
confianza, desde Arequipa la señora Fujimori llegó a insinuar la voluntad de un golpe de Estado, evidenciando su desesperación y la de su bancada,
que ya entonces votó diferenciadamente. Finalmente, en los últimos días, ésta
adquirió mayor magnitud; 26 congresistas de la agrupación de la señora K, expresaron por escrito su “plena predisposición para cumplir el acuerdo de la junta de portavoces del jueves 13 de setiembre, de aprobar las reformas de justicia y políticas hasta el 4 de octubre”, obligando
al sector duro a explicaciones, a estas alturas innecesarias.
Así, a la sorpresa
inicial que causara la decisión presidencial, se suma la generada por la
profundidad de la crisis del fujimorismo, que se debate entre la necesidad de
una lectura cuidadosa de la coyuntura y el blindaje legal y político que
requiere y exige su lideresa máxima, la que parece encontrarse en su mayor
momento de debilidad, propiciado por un Ejecutivo sin partido ni operadores
políticos, que en su objetivo de permanecer hasta el 2021, por lo pronto,
parece que se asegura terminar el año con mayor aceptación que la que tenían
tres meses atrás.
Es claro, sin embargo,
que los problemas están lejos de acabar. Para el Ejecutivo y para el país. La
misma encuesta que estamos citando, evidencia graves problemas de aprobación de
la gestión de sectores neurálgicos para la vida diaria de la gente. Así, los programas sociales registran apenas
12% de aprobación (cayendo 3 puntos), la atención de salud, 9% (bajando 2
puntos), el empleo en 10% (disminuyendo un punto) y el manejo de los conflictos
sociales en 8%. La discusión de una nueva Ley de Hidrocarburos que tiene nombre
propio e implicancias ambientales y sociales graves, la lentitud de la
reconstrucción, la propuesta anticonstitucional para eliminar el derecho de la
negociación colectiva para los trabajadores públicos, así como las presiones
que apuntan a cancelar el derecho de retiro de los fondos de los trabajadores
de las AFP al cumplir 65 años, serán pruebas ácidas en el corto plazo para el
romance que el Ejecutivo necesita prolongar con la calle, pero también pueden
ser munición para un fujimorismo que no dejará de buscar revancha.
En este escenario desordenado, en el que
la mayoría de protagonistas dicen y se desdicen de un día para otro, las
elecciones regionales y municipales desnudan aún más, por si hiciera falta, la
crisis total de nuestro sistema de representación y la multiplicación de
pequeños grupos; que más allá de la franquicia a la que recurren en esta
ocasión, en la mayoría de los casos, expresan apenas los intereses privados de
pequeños grupos. No sorprendernos entonces, porque el 64% no esté motivado a
votar y el 15% crea que se trata de una pérdida de tiempo.
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