Las
fuerzas políticas –tanto las representadas en el Congreso Nacional como las que
no– plantean en estos días, de diferente manera, la salida del Presidente Pedro
Pablo Kuczynski. La crisis de legitimidad del jefe del Poder Ejecutivo no puede ser más evidente.
Simultáneamente, en indignadas manifestaciones en las principales ciudades del
país, las calles han expresado lo mismo.
Nuestro régimen democrático peruano –intermitente,
débilmente representativo, presidencialista– ha entrado una vez más en crisis,
comprometiendo la gobernabilidad ya socavada por la privatización hipercorrupta
de la gestión estatal. Son las dos dimensiones principales de la gobernabilidad
las que están en cuestión: la legitimidad y la eficacia. El Estado como
institución se muestra además de corrupto, incompetente frente a sus metas
mínimas, sin capacidad de ejercer control, justicia o planificación, reducido a
esa condición por las erráticas políticas de reforma neoliberal.
En
este escenario vemos como el Poder Ejecutivo ha solicitado infructuosamente al Congreso nuevas facultades extraordinarias para legislar. A la tremenda desconfianza
en el Presidente y su Consejo de Ministros, se suman los conflictos internos
partidarios que impiden acuerdos y dificultan legislar con responsabilidad y
competencia. En estas circunstancias, no hay el impulso suficiente para que el
presidente sea vacado, renuncie ni se convoque a elecciones generales
adelantadas. La coyuntura parece congelada y la visita del Papa Francisco es útil para disfrazar esta tregua no buscada.
La
fragmentación de la sociedad civil y la fragilidad de los partidos políticos
son una parte de la explicación; la otra es nuestro perfil social promedio:
despolitizados, defraudados y no organizados. El surgimiento de cientos de
movimientos políticos locales y regionales aspirantes a hacerse de municipios y
gobiernos regionales sin ofertas electorales sustentables, es otro síntoma de
que no hay una fuerza capaz de agregar y organizar los diversos intereses
existentes. Las organizaciones civiles y las del trabajo gremial, sindical y
empresarial lucen derrotadas por el ánimo individualista dominante.
Nuestra
sociedad civil es muy activa, pero muy poco organizada. La economía
aparentemente moderna y competitiva del país, es en realidad solo extractivista
y altamente corrupta, navegando en medio de los vaivenes del mercado internacional y a la que cuesta mucho elevar la productividad. Se requiere sin duda un
cambio de rumbo. Organizar respuestas políticas inclusivas, fundadas y
propositivas es el principal reto.
Para
ello, requerimos la legitimación de las instituciones estatales, mediante una
reforma integral del Estado que pueda hacerlo más representativo y eficiente y
que facilite la inclusión social, la concertación de intereses y la tolerancia.
Juegan en contra los poderes fácticos, que no apuestan por el Perú y que están tratando de administrar la debacle tras haber participado rutinariamente de la megacorrupción. Y juegan en pared con operadores políticos de
toda laya protegiendo sus mezquinos y corruptos intereses. El pronóstico del
paciente, a puertas de su bicentenario como República, no es nada bueno.
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