Las incompetencias y El Niño

Parece bastante lejana la renuncia de Pablo de la Flor a la dirección ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, hace un par de semanas. Recordemos, se quejaba de que la reconstrucción demoraba por la «incapacidad de los gobiernos regionales y locales», un argumento reiterativo de este y los anteriores gobiernos nacionales ante cualquier problema que tengan al frente y no puedan solucionar. Por eso, pasado el tiempo y sedimentadas las pasiones, sería interesante tomar nota de algunos elementos importantes en el contexto de su salida.

Una cuestión de inicio que debe tenerse en cuenta es que en junio si bien teníamos no solo una autoridad para la reconstrucción, sino incluso una ley, aún no había un «plan», afirmándose que estaría listo “a fines de agosto”. El Decreto Supremo que lo aprobaría, se dio recién el 11 de setiembre de este año, es decir, un mes antes de la renuncia de De la Flor.

Luego, cuando la emergencia aún no pasaba, los peruanos teníamos claro que una parte importante de la responsabilidad recaía en el gobierno central pero, en realidad, la reconstrucción debía ser –afirmábamos entonces– una acción coordinada entre todos los niveles del Estado. Asimismo, según la encuesta de Pulso Perú-Datum del mes de abril, también considerábamos –el 88% de los encuestados– que el gobierno central no estaba preparado para estas circunstancias y, por ello, su respuesta ante la emergencia no fue oportuna, según el 82% de los mismos.

En ese sentido, es cierto que los gobiernos regionales y locales no estuvieron entre las entidades mejor valoradas durante la emergencia, pero tampoco lo fueron los sectores del Ejecutivo. Los bomberos, las fuerzas armadas y la policía, en ese orden, obtuvieron las mejores apreciaciones de los afectados.

Por otro lado, siempre hubo muchas dudas sobre la posibilidad de que este proceso se distorsione por la corrupción, dado el ambiente altamente sensible que ha generado el caso Lava Jato y no era, evidentemente, un asunto que podía ser achacado a un ámbito específico del Estado, como quiso afirmar De la Flor cuando refirió a los gobiernos regionales. El 72% de la población opinaba que agilizar los procedimientos administrativos para implementar y ejecutar un plan para rehabilitar, reconstruir y construir infraestructura en las zonas por El Niño costero abriría la puerta a la corrupción.

Incluso, para julio del presente año más de la mitad de los peruanos considerábamos que la reconstrucción no había avanzado lo necesario y el 49% estimaba que no se lograrían los objetivos.

De esta manera, De la Flor careció del adecuado procesamiento de los datos que le estaba ofreciendo la realidad, pues no debió ser difícil tomar en cuenta la alta desconfianza que manifiesta la sociedad peruana hacia todas las instancias del Estado, sin excepciones. Esta situación estructural se agravó aún más al ahondarse en los últimos tiempos la percepción de corrupción.

Es sobre este marco general que los peruanos valoramos la actuación de las entidades públicas que, recapitulando, determina que el 91% de los afectados haya estimado que no recibió ninguna ayuda, según encuesta de CPI realizada en abril de este año. Más aun, según encuesta de GfK, tomada en marzo 2017, en Lima y en los sectores A, B y C se consideraba que los daños fueron causados por la mala infraestructura. En las provincias y en los sectores D y E se asumió que fue la fuerza de la naturaleza.

Entonces, la reconstrucción que llevaba a cabo el gobierno central no estuvo entre sus prioridades, pues en estos meses debió atender situaciones coyunturales que le generaron mucha inestabilidad como la huelga de maestros, la posibilidad de censura de algunos ministros, la desaceleración de la economía, los impactos de la corrupción, etc.

Por otro lado, la reconstrucción buscó legitimar una imagen «técnica» sin tomar en cuenta la diversidad de demandas que manifiesta la población, de acuerdo al territorio que habita. Por ejemplo, en Piura, antes que módulos de vivienda la población demandaba atención de salud. Más aun, encuestas realizadas en esa misma región daban como resultado que el 64,8% de los encuestados aseguraba que no es la reconstrucción el tema más preocupante para ellos, sino la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Solo el 28,0% creía que la reconstrucción de la región era el asunto prioritario.

Asimismo, en Lambayeque, entre mayo y julio, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLP), consultó a 9562 ciudadanos de las tres provincias de la región para recoger sus percepciones. Las tres prioridades para la etapa de reconstrucción eran en primer lugar, la generación de trabajo e ingresos, con el 53.2%; luego, estaba viviendas seguras, con el 52.4%; y en tercer lugar, demandaban mejorar la educación con el 48.5%. El acceso a salud integral, agua potable y saneamiento también aparecían como demandas prioritarias de la población.

En otra región afectada, La Libertad, consideraban que no tenían la información suficiente como para establecer un cuadro de prioridades. El excongresista aprista, Alejandro Santa María Silva, afirmó que ni siquiera se tenía la cantidad exacta de damnificados porque no se hizo la verificación contrastando los datos en cada lugar.

En suma, este diseño ha dado como resultado que en las regiones donde más ha impactado El Niño, haya creciente malestar porque los pobladores sienten que no han sido consultados ni se les toma en cuenta para establecer la programación y la priorización de actividades. Dicho lo mismo en otras palabras, las razones «técnicas» del gobierno nunca se pusieron de manifiesto y sí su dramática incompetencia política lo que, a estas alturas, no es desgraciadamente ninguna novedad.

 desco Opina / 10 de noviembre de 2017