Recompuesto el Gabinete ministerial,
evidenciando por enésima vez que el Ejecutivo no tiene un rumbo político claro,
que no sea salvar circunstancialmente el pellejo hasta la próxima crisis, las
tintas volvieron a cargarse respecto al indulto a Alberto Fujimori.
Fue ocasión para volver a escuchar la
letanía de la inexistencia de un argumento jurídico válido sin que menoscabe el
estado de derecho. Pero, PPK ya había adelantado temerariamente que el asunto era, en realidad, «médico», abriendo nuevamente la posibilidad de que ocurra en un
plazo más o menos inmediato. “Esto no es un indulto, es un perdón médico. Eso
está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que
verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori”, señaló el
Presidente.
Más allá de la sorprendente manera
como el Mandatario presentó su argumento, sin asidero lógico alguno, queda
pendiente una cuestión decisiva que no es legal ni médica, sino política. ¿Cuál
es la necesidad de PPK para sacar a Fujimori de prisión, aun cuando no procede
dada la naturaleza de los delitos por los que ha sido condenado?
Una primera consideración es que Keiko Fujimori, aunque nunca fue transparente, consideraba que su padre no debía ser indultado porque no había nada que perdonar en su caso.
Precisando, afirmaba que la libertad de Alberto Fujimori debía darse mediante
la vía legal y constitucional.
El procedimiento es explicado por el constitucionalista Aníbal Quiroga. Señala que ni el indulto ni la
amnistía pueden darse, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, afirma que la sentencia
a Fujimori sobrecalificó la tipificación de los delitos, convirtiendo el
homicidio calificado y secuestro agravado en delito de lesa humanidad.
Esto fue un exceso, dice Quiroga,
porque esta sobrecalificación “no consta en la autorización de la extradición
chilena, ni en la denuncia penal subsecuente, ni en la acusación del fiscal que
debe ser parámetro de la sentencia”. Luego, el Tribunal Constitucional
revisaría el caso con un habeas corpus y, salvo el voto del magistrado José
Luis Sardón, el fallo mayoritario confirmó la condena por lesa humanidad.
Ante este escenario, el
constitucionalista plantea que la única solución jurídica pasa porque el Perú
eleve una consulta vinculante a la CIDH para que sobre la base de su
interpretación de la Convención y su jurisprudencia, defina la procedencia del
indulto en el caso de AFF, con todos los antecedentes de su singular caso.
Como vemos, la vía jurídica está
prácticamente cerrada y, por lo mismo, la idea de Kenji Fujimori –indulto
humanitario– está fuera de lugar, así como todas las modalidades que remiten de
una u otra forma a las condiciones de salud del reo como causa suficiente,
incluyendo la de PPK.
Sin embargo, surgió un amague que
esperó reacciones para buscar dar un segundo paso en la dirección que sugería. Otro constitucionalista, Enrique Bernales, planteó que
“La humanidad no está por debajo de lo legal. Lo legal está subordinado al
servicio de la humanidad. Mucha gente cree que hay que aferrarse a la ley
aunque la ley mate, y eso es la negación de la individualidad y de la
naturaleza del ser humano. Ahí tenemos que ser claros y tajantes, le guste a
quien le guste. Y si no les gusta a otros, pues allá ellos”. Como vemos, allí
es donde parece inscribirse la peregrina posición presidencial del «indulto
médico».
El defenestrado premier Fernando
Zavala había declarado que el indulto a Alberto Fujimori no formaba parte de la
agenda política del gobierno, en junio de este año. Tremendo error. Por supuesto
que debió estar en la agenda del Ejecutivo y a estas alturas debe tener muy
presente por qué. Que el tema fuera una prioridad política no significaba que
el gobierno estaba obligado a excarcelar a AFF.
En otras palabras, lo que el expremier
y el Presidente de la República debieron tener claro era que se indulte o no a
Alberto Fujimori, el comportamiento de la bancada fujimorista no variaría
sustancialmente, Kenji Fujimori no arrastraría tras de sí a un número
significativo de congresistas de Fuerza Popular, ni las relaciones
Ejecutivo-Legislativo serían diferentes. En suma, lo que tenía que comprender
PPK es que el problema fundamental es su débil gobierno.
La administración gubernamental de PPK
se deshace por sí sola justo cuando le toca manejar una economía que pasa del
enfriamiento a la frigidez, mostrar capacidades para gestionar la
reconstrucción del norte y, sobre todo, sortear los tremendos impactos que
provocan los sucesivos indicios y pruebas de alta corrupción que comprometen a
sus antecesores y, susurran algunos, a él mismo. En todo caso, vaticinan que
luego de la visita del Papa, en enero, todo cambiará. Así sea.
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