La reconstrucción es cosa seria

Las dimensiones del desastre tras el Fenómeno El Niño Costero (FENC) 2017 exceden lo que los analistas económicos estiman y van mucho más allá de la caída del PBI nacional. Son 185 873 damnificados, 242 433 viviendas inhabitables o colapsadas, 549 puentes destruidos o desplomados, 2150 colegios afectados; y dañados 6477 kilómetros de vías, 60 400 hectáreas de cultivos y 45 335 canales de regadíos. También son “damnificadas” cientos de municipalidades cuyos locales han quedado destruidos, perdieron su patrimonio y parte de su acervo documental, además de sus ingresos regulares (impuesto al patrimonio predial, por ejemplo).

El FENC, como otros eventos de la naturaleza provoca desastres, principalmente por la falta de prevención. Al focalizar el interés nacional en las zonas y poblaciones afectadas, se evidencian problemas preexistentes e históricos como la pobreza, la exclusión y la profunda desigualdad en nuestra sociedad. Por ello, creemos que la reconstrucción debe trabajar no solo para resolver la situación inmediata en las zonas afectadas, sino en cómo cambiar de raíz los factores que producen el desastre.

Para ello no solo es indispensable contar con un buen diagnóstico de daños, es necesario también enfrentar los puntos ciegos de las políticas de reconstrucción que hemos implementado en el pasado: los planes de desarrollo y los catastros urbanos pierden vigencia luego de un desastre y resulta indispensable actualizarlos o formular nuevos, así como proyectos a ser trabajados con participación de la sociedad desde el nivel local junto al respectivo gobierno regional o central. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las familias no esperan y «reconstruyen» en las mismas condiciones: con informalidad y sin asistencia técnica. Sin Estado.

El gobierno anunció que a fines de junio contará con un catastro final de daños y que el Plan de Reconstrucción Con Cambios se presentará en agosto. Se ha previsto disponer de Oficinas de gestión de proyectos (PMO) en una perspectiva de trabajo de al menos tres años. La primera etapa prioriza seis regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Ancash y Lima provincias. Pero sabemos que otras regiones como Cajamarca y Huancavelica demandan urgente atención. Sin una gran concertación nacional, difícilmente podremos tener éxito en la tarea, y por lo que se ha conocido del modelo de reconstrucción, los mecanismos de diálogo y representación de intereses de los afectados son los grandes ausentes.

En desco consideramos obvio que se requiere una política pública para las familias que reconstruyen, que admita que en nuestro país estas edifican por su cuenta y tienen problemas legales  que no son «individuales». La propiedad y vivienda de población desplazada debe ser atendida con un enfoque de prevención de riesgos, aunque haya desacuerdos y el proceso sea «más complicado». Las decisiones sobre el uso de suelo y la planificación de espacios, en esta medida, no pueden ser pensados como procesos técnicos: por el contrario, deben atender a la situación de vulnerabilidad individual y social mediante políticas de reasentamiento y relocalización que reduzcan futuros riesgos físicos, pero también respete y evalúe los medios de vida que provee el entorno (creación de empleo, generación de ingresos y calidad de vida).

Pablo de la Flor, encargado de la reconstrucción, debe decidir si será un «zar de la reconstrucción» o una autoridad democrática que funcionará con legitimidad en la coordinación, planificación y promoción de la inversión pública y privada. A las coordinaciones previstas con entidades estatales, autoridades locales y el sector privado, debe sumar el diálogo con las organizaciones de la sociedad, aunque la ley no las contemple: organizaciones de base, profesionales, organismos multilaterales y ONG. Ese es el gran desafío más allá de las cifras y las soluciones «técnicas». Eso será igualmente, ir más allá de promover la gran inversión privada o la participación de la industria de la construcción y sus gremios. Aportar a construir un país de todos y para todos.

desco Opina - Regional / 16 de junio de 2017

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