En estos últimos días se
ha comenzado a hablar de posibles salidas a la huelga que ha paralizado al
valle de Tambo por más de seis semanas, a raíz de la oposición de un importante
sector de población al proyecto Tía María de Southern. Por un lado, las
principales cabezas de las movilizaciones han pedido ya la mediación de la Defensoría del Pueblo y, por otro lado, el gobierno, se
estaría allanando a la fórmula que antes rechazó: someter el EIA de Southern a la revisión de una entidad independiente.
Más de cuarenta días de
paro y movilizaciones ejercen un evidente efecto de desgaste en la población,
con innegables pérdidas económicas y paralización de clases. La próxima
temporada de cosechas en un valle altamente integrado al mercado nacional y
regional debe preocupar también a los productores de la zona; la pérdida de
estas sería insostenible para la economía local. El gobierno nacional, por su
parte, parece ir admitiendo ya la inviabilidad del proyecto sin un alto costo político y social
que, entrando a su último año de gestión, no estaría dispuesto a afrontar.
Se vislumbra así una
primera salida al escalamiento del conflicto durante estas semanas, pero las
cosas parecen más complicadas que buscar un mediador y sentarse a pactar
condiciones para el levantamiento de la huelga, el cese de la violencia y el
retiro de las fuerzas policiales del valle. Un problema fundamental sería,
actualmente, la real capacidad que tienen los líderes visibles de la
movilización (alcaldes distritales y dirigentes sociales) para hacer un arreglo
aceptable por sus bases, especialmente, por las más activas y radicales.
Como se evidenció desde
el primer día, el conflicto de Tía María no cuenta con un liderazgo
indiscutible; con el transcurrir de las semanas, se habrían ido sumando nuevos
actores al conflicto: grupo de aymaras de Puno, de la línea de Walter Aduviri;
afiliados a sindicatos de construcción civil, supuestos militantes del MOVADEF;
entre otros. Una mención especial merecen los denominados «espartambos», jóvenes aparentemente locales, presuntamente licenciados de las fuerzas armadas, cuya participación en las
movilizaciones evidencia un innegable grado de organización propia, que con
frecuencia se enfrentan violentamente a la policía, habiéndose convertido hoy
en una suerte de «barra brava» a la que nadie parece controlar.
El escenario de
negociaciones se presenta entonces complejo y difícil; por un lado, va a ser
complicado lograr un arreglo entre el gobierno nacional y los líderes de la
protesta en el cual debería sin duda participar la gobernadora regional de
Arequipa y otros sectores del departamento, para poner en marcha un proceso que
desembocaría en un acuerdo definitivo aunque incierto y sin fecha
preestablecida.
Por otro lado, y considerando
cómo se ha puesto la situación en el valle, otro punto en cuestión, la premisa
para un arreglo más efectivo, es el acuerdo al que lleguen los distintos
actores y fuerzas que actúan hoy allí en oposición a Tía María. Una pregunta de
respuesta por ahora incierta es cómo los liderazgos visibles de la zona pueden
hacerles aceptar a todos, o la mayoría de los grupos, una salida que implique
el fin de la violencia y de la huelga.
Se abren entonces al
menos tres escenarios posibles en este campo: uno primero, más bien optimista,
en el cual los alcaldes y dirigentes sociales logran que el grueso de los
actores sociales acepten unas condiciones mínimas para llegar a un acuerdo con
el gobierno y cesar la huelga y la violencia. Un escenario intermedio, en donde
aquéllos logran una alianza con la mayoría de actores y aíslan o se desmarcan
de los grupos más intransigentes que quieren continuar las movilizaciones a
toda costa; y un escenario pesimista, en el que las autoridades y dirigentes
sociales pierden el liderazgo del movimiento y se abre paso a una situación de
enfrentamiento con consecuencias imprevisibles.
Estas opciones hacen más
que nunca necesarias la cautela y la prudencia que todos los actores de la
negociación en ciernes deben tener, particularmente del gobierno nacional, que
es en última instancia quien detenta el control de las fuerzas policiales y de
las entidades del sector encargadas del complejo problema (Ministerios de
Energía y Minas, del Ambiente, Agricultura, Interior). Es un momento de tender
puentes y «enfriar el partido», evitando hacerle el juego a opciones radicales.
No deja de ser
paradójico que el liderazgo del gobierno nacional en este proceso haya recaído
en el Ministro de Agricultura, cuyo sector es el menos involucrado en el asunto.
Energía y Minas, muy celoso de sus competencias en etapas anteriores del
proceso, cuando triunfalmente se creía haber logrado la aprobación del EIA y
aislado a los opositores, se opuso a la participación de una entidad
especializada en prevención de conflictos como la Oficina de Diálogo de la Presidencia
del Consejo de Ministros, ahora aparenta bajar el perfil, justo cuando la
situación se puso al rojo vivo, principalmente por sus propios errores. En el
fondo, estamos lamentablemente, ante un Estado que no se encuentra preparado
para lidiar con estas situaciones.
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