Los indígenas, las regiones y el territorio

Las elecciones regionales y locales tienen la virtud de marcar, por defecto, algunos aspectos que podrían devenir en claves para la formulación de una agenda política de izquierda. Por ejemplo, ¿Cómo se está pensando desde estos ámbitos cuestiones tan importantes como pueblos indígenas, comunidades campesinas, concesiones mineras y territorialidad? Este es sin duda un asunto decisivo para la construcción de un país democrático e inclusivo.

Según el IV Censo Nacional Agropecuario, en el país existen un total de 7,599 comunidades, de las cuales 6,277 son comunidades campesinas (94% ubicadas en la Sierra) y 1,322 comunidades nativas (99% ubicadas en la región amazónica), las que conducen el 60% de las tierras agropecuarias, pero la mayor parte sub-explotada y en descanso.

Por otro lado, sólo el 3,3% de las comunidades campesinas y el 1,1% de las nativas tienen títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. En parte, esto ocasiona que únicamente el 10,6% de las comunidades campesinas y el 2% de las nativas reciban servicios de asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial, mientras que en acceso al crédito no llegan ni al 1%.

Asimismo, el 1.39% del territorio de comunidades nativas y el 49.63% del de las comunidades campesinas tienen superpuestas concesiones mineras. Frente a esta realidad, la pregunta que surge inmediatamente es ¿Dónde está el Estado?

Estos datos generales son suficientes para entender en toda su magnitud el neo-liberalismo salvaje que ha venido imponiéndose en el país, sin considerar mínimamente los derechos que asisten a los titulares de los recursos, en este caso, las comunidades rurales.

Más aun, esta es una realidad que, al parecer, no cala por ningún lado en el aparato público: las comunidades son entidades invisibilizadas pues no están geo-referenciadas y los únicos esfuerzos en ese sentido son privados, como es el caso del Instituto del Bien Común (IBC). Incluso, lo que pasa con la tierra es altamente probable que también esté sucediendo con otro recurso fundamental: el agua.

Entonces, si lo que se busca es construir una agenda desde las organizaciones indígenas, es necesario incorporar todos estos factores bajo una dimensión más amplia –el territorio– y formular desde éste una propuesta con visos programáticos. En esa línea, el espacio regional sería el ámbito más adecuado para el despliegue político de estas posiciones.

De esta forma, desde las regiones deberíamos empezar a superar una manera de construir el territorio teniendo como eje la mega-infraestructura, como ocurre por ejemplo con el IIRSA, que desde la perspectiva indígena resulta tan complicada como las concesiones mineras, apostando más bien por la consolidación de una territorialidad que tenga a los pueblos indígenas como uno de sus factores movilizadores.

desco Opina / 26 de setiembre de 2014 

Descargar aquí