Demolición

La disputa entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es difícil de reducir a términos simples. Más difícil aún es ponerse del lado correcto o, como reclamaba Nadine Heredia, «andar derecho». La razón para esa dificultad es relativamente simple: no hay un lado correcto y al parecer todos tienen rabo de paja. Un síntoma claro de la descomposición de la ética pública es que nadie tiene autoridad moral para decir nada, qué duda cabe. De hecho, hablar de «autoridad moral» es también sospechoso, tanto como ocuparse de la institucionalidad, palabra bendita. Esta es pues una nueva escenificación de lo que la tradición polarizadora en el Perú llama «pleito de blancos», ¿debería importarnos este nuevo desplome institucional?

Resulta materia de discusión especializada si el TC se excedió al anular el nombramiento como fiscales supremas de Zoraida Avalos y Nora Miraval, pues habrían algunas faltas en el proceso del CNM, pero donde no hay duda es en que el TC se excedió por mucho al proponer para Fiscal Supremo al cuestionado ex fiscal Mateo Castañeda y pedir que se abran dos nuevas plazas para Ávalos y Miraval. Eso es indefendible. El Instituto de Defensa Legal (IDL) recuerda que el mismo TC se pronunció en 2012 sobre la imposibilidad de forzar nombramientos.

Recordemos que la importancia del CNM radica en su poder para nombrar jueces y fiscales, incluyendo la Junta de Fiscales que luego escoge al Fiscal de la Nación, cabeza del Ministerio Público. Como dice una nota reciente, su poder está en el poder para elegir a quienes eligen. De acuerdo a esa misma fuente, los nombramientos del CNM han sido bastante discrecionales. Lamentablemente, al frente está el TC, con la mayoría de sus miembros con el mandato largamente vencido, sólo porque el Congreso nunca le dio la importancia al nombramiento de los reemplazantes, cosa que debió hacer hace más de cuatro años, es decir, desde el gobierno anterior. ¿Hay señal mayor de desdén que esa?

La falta de legitimidad salpica de una institución a otra. Para tratar de comprender el agujero negro de estas arbitrariedades puede ser útil ver el movimiento que genera a su alrededor. Como el Congreso, al parecer, tiene menos «palanca» directa en lo que corresponde a la composición del CNM (dicho sea de paso, podría revisarse qué tanto saben del proceso de justicia los actuales representantes) deja a esta entidad librada a sus propias correlaciones de fuerza y se concentra en el TC para orientar actuales y futuras repartijas. El haber nombrado a nueve candidatos para decidir el reemplazo de los «vencidos» miembros del actual TC es un modesto avance, que llega sólo cuando se vieron  arrinconados por su incapacidad para decidir.

¿Y los grandes gremios empresariales que reaccionan ante cualquier señal de «desaceleración» del crecimiento, qué tienen que decir al respecto? No mucho, por cierto. Si bien la Confiep sí se manifestó el año pasado contra la repartija congresal, esta vez no se le oye con contundencia. ¿No que esto era un serio golpe a la institucionalidad? La explicación de esta especie de «laissez faire» parece estar en que, como señala un informe del BID, quienes son más afectados por un manejo ineficiente  del sistema judicial son los pequeños empresarios. Los grandes, todo indica, tienen una especie de institucionalidad paralela que funciona a través de arbitrajes y firmas de abogados que saben navegar en el turbio caudal de la justicia peruana. 

Volvemos a la pregunta inicial: ¿a quién debe importarle que el sistema de justicia haga agua? Pues a todos, pequeños y medianos empresarios, además de a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Sin embargo, siempre debemos preguntarnos a qué país de los miles que coexisten bajo el cielo de Quiñones nos referimos. ¿Qué diferencia hace esto para los mineros de Huepetuhe y para la política contra la minería ilegal que considera que lo más sabio es dejar que Urresti haga volar cosas por los aires? ¿Qué diferencia hace en la violencia «institucionalizada» en las regiones? ¿Cuál es el cambio para el VRAEM y sus ambiciosas metas de erradicación (por supuesto irreales) y que llaman a aplicar, para cumplirlas, con medidas de tierra arrasada? Todo indica que el crecimiento de la economía absorbe conflictos de forma acelerada, lo que le da posibilidad al gobierno de administrar sus indefiniciones.

Lamentablemente, incluso datos positivos como la reducción de la pobreza que pueden ser relativizados cuando recordamos que la línea está fija en S/. 292, no pueden ser argumento para  caer, otra vez, en un exitismo irreflexivo y obviar el indispensable debate que exige la creciente crisis de institucionalidad que cada día padecemos de manera más evidente.

Esta debilidad representada en el manejo del poder judicial, y el ninguneo del problema de la desigualdad es una mala receta para el crecimiento. La desazón pública parece, por el momento, necesitar alguito más para sacar gente a las calles nuevamente, un audio, por ejemplo. Mientras tanto, el gobierno parece haberse dado cuenta que el país donde gobierna el señor Castilla, es el que presenta la versión más armónica de sí mismo.

desco Opina / 9 de mayo de 2014

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