La elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, los miembros pendientes del directorio del Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo, como no podía ser de otra manera, ha terminado en un escándalo de consecuencias impredecibles. La obcecación de la mayoría de integrantes del Congreso de la República los llevó a votar en conjunto las polémicas propuestas que habían negociado previamente, guiados por el más mezquino de los criterios de cuoteo partidario. Que la mayoría de propuestos no cumpliera con las condiciones mínimas para la responsabilidad a la que aspiraban y que varios de ellos tuvieran una trayectoria personal fuertemente cuestionable, importó poco. Que distintas voces desde la sociedad civil expresaran su condena e indignación por el proceder del Congreso, importó menos aún.
El Presidente de la República y los principales líderes políticos, que sin duda alguna, estuvieron entre los promotores del arreglo finalmente consagrado por los parlamentarios, terminaron buscando desmarcarse de una elección que despertó protestas ciudadanas crecientes, aún antes de consumarse. El primero, diferenciándose de dos de las propuestas, las que despertaron críticas mayores. Los demás, concluida la escandalosa elección, tratando inútilmente de responsabilizar únicamente al mandatario y al partido de gobierno, de un juego perverso del que todos fueron partícipes de una u otra manera, como es el caso del APRA que en esta ocasión no fue parte de la repartija institucional porque no tiene los votos suficientes para participar en la versión peruana del juego de las sillas.
El daño a instituciones centrales de nuestra precaria democracia, algunas de ellas como el Tribunal Constitucional, ya heridas de antemano, es innegable. La credibilidad del Congreso de la República, una de las instituciones con menor índice de aprobación en todas las encuestas, minada definitivamente. Los principales liderazgos político partidarios, de alguna manera hay que denominarlos, reducidos a su condición más elemental de negociantes de intereses particulares. El propio Presidente Humala situado en el corazón de una crisis que contribuyó a crear y que finalmente desencadenó, desautorizando a todos y cada uno de sus operadores políticos, revelando una creciente y peligrosa orfandad. Nuestro débil sistema político golpeado, una vez más.
En este escenario, el malestar ciudadano empieza a tomar la calle lentamente. Las voces de protesta legítima provienen desde las redes sociales, desde los y las jóvenes que descubren que es poco lo que se puede esperar de una clase política encallecida y envejecida moral y éticamente, que es la peor manera de envejecer. Más allá de la coyuntura inmediata, se van percatando que sin su acción y su participación, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, cada vez corre más peligro.
Hoy día, tenemos un Congreso totalmente deslegitimado y un Ejecutivo atrapado en su juego corto y, de pronto, en su tentación autoritaria, mientras una oposición que no es tal, balbucea en su defensa que el consenso, al que se prestaron y por el cual votaron mayoritariamente, es resultado de la imposición gubernamental. Todo ello en medio del silencio interesado de aquellos que se desgarran las vestiduras cuando se mueve un ápice algún elemento del orden establecido, en nombre de no hacer olas para no afectar las inversiones.
En otras palabras, una situación extremadamente difícil que es resultado de la instalación y del vigor de la antipolítica que se afirmó en el país en las últimas dos décadas. Situación que se prolongará los próximos días sin duda alguna, porque el malestar ciudadano seguirá creciendo e independientemente de la salida institucional que se encuentre para corregir esta desfachatez, las consecuencias las seguiremos pagando. En el corto plazo, la elección del nuevo Presidente del Congreso, seguramente será un nuevo capítulo del juego de las sillas y probablemente otro espectáculo patético, más aún cuando el candidato gubernamental a la reelección, es uno de los artífices de lo que estamos viviendo.
En el mediano plazo, porque es evidente que sin una reforma profunda de nuestro sistema político, sin una transformación real de los partidos que tenemos y su comportamiento, el malestar se convertirá en indignación. El desafío de la ciudadanía, hoy día sin representación ni organización, es enorme, porque de lo que se trata es de crear las condiciones para el proceso de los cambios que se requieren, con esta clase política que es parte central del problema.
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