Lima y sus jueces

Una reciente encuesta muestra que la mayoría limeña respalda el traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita. El amplio apoyo ciudadano a la medida de ordenamiento emprendida por la Municipalidad de Lima, sin embargo, contrasta con las idas y vueltas que el caso toma en el Poder Judicial y con la popularidad bajo presión de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el bloqueo de los ingresos a La Parada. En los meses transcurridos desde entonces, hemos sido testigos del uso irregular de medios judiciales para minar la autoridad urbana y entrampar el ordenamiento del sistema de abastecimiento de Lima. No sólo eso: también vemos cómo se retrasa la recuperación de un espacio público vital para la ciudad.

La dilación por la vía judicial deja varios asuntos para la reflexión. Son muchos los problemas de gestión municipal cuyo principal cuello de botella son malos jueces, como Malzon Urbina o jueces formados en un sistema de leguleyadas, antes que en la búsqueda del equilibrio entre la defensa de los derechos de las personas y la salvaguarda del interés público. Este tipo de jueces explica por qué la Municipalidad de Lima no ha logrado imponerse frente a las mafias del abastecimiento ni llegar a acuerdos serios con los comerciantes informales de La Parada.

El escenario para la gestión urbana es complicado cuando se combinan factores como la decaída autoridad municipal –a la que abonó el absurdo intento de revocar a Villarán–, el comportamiento mafioso de los «emprendedores» locales –comerciantes y capitalistas– que imponen su interés privado sobre las necesidades de la ciudad, y la mala actuación del Poder Judicial.

La suma de estos factores explica en buena parte que Lima no haya podido emprender la restructuración de Mesa Redonda y que las pocas medidas que la Alcaldía ha tomado para controlar su expansión hayan quedado apenas como gestos. Nos referimos aquí a los inefectivos cierres preventivos de locales como el Campo Ferial La Cochera, donde en el verano de 2012 se produjo un incendio –felizmente controlado– que reavivó el fantasma de la tragedia de 2001, donde murieron al menos seiscientas personas entre compradores y trabajadores del comercio.

Nos referimos también a la clausura «definitiva» de los locales que funcionan como depósitos en el histórico Barrios Altos, sanciones que no han sido acatadas, pues dichos negocios continúan operando a vista y paciencia de serenos, policías y funcionarios de fiscalización de la comuna limeña. La poca efectividad de estas medidas merma la credibilidad de la Alcaldesa, aumenta el malestar entre los vecinos que apostaron por respaldarla ante la revocatoria y, más importante que todo ello, significa la aceleración del deterioro del patrimonio construido y la calidad de vida en el centro de la ciudad.

Ahora que nos encontramos en un período de tránsito, a puertas de las elecciones complementarias de octubre, esperamos que las fuerzas políticas que buscarán su participación en la gestión edil generen un debate que busque atender a estos aspectos, fundamentales para salvaguardar el principio de convivencia y de ordenamiento del territorio que compartimos.

A los puntos del acuerdo de «ancha base» propuesto por Villarán, entre los que se cuenta la reforma de transporte, el programa municipal Barrio Mío, la modernización del comercio mayorista de alimentos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, entre otros; debe sumarse un consenso para buscar la reforma del Código Procesal Penal, de modo que se impida que las medidas cautelares que otorga el Poder Judicial, en lugar de ser garantía de justicia, sean una muralla contra la que chocan todos los intentos de producir una mejor ciudad.

desco Opina - Regional / 3 de junio de 2013
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