Luego que el MINAG anunciara la asignación de un presupuesto de 100 millones de soles para atender la emergencia ocasionada por la plaga de la roya, el gran número de familias caficultoras peruanas, lejos de sentirse atendidas, se mueven entre el desconcierto y la desazón.
La crisis de la roya deja en evidencia la necesidad de concertación en el sector cafetalero. Ello se ha hecho sentir, en primer lugar, en la marcada divergencia en torno a las cifras de afectación de los cultivos. Mientras que el titular del Ministerio de Agricultura manifiesta que estaría comprometida el 20% de la producción, la Junta Nacional del Café afirma que el daño alcanzaría el 50%. Es evidente que las mesas de concertación técnica anunciadas en marzo no están funcionando, o sus integrantes no están dispuestos a manejar criterios homologados de medición del impacto.
Sin un diagnóstico técnico confiable y concertado que dimensione objetivamente el problema fitosanitario, es poco probable que las medidas de atención –y los montos establecidos para llevarlas a cabo– alcancen los resultados esperados.
Las divergencias referidas al conteo y costeo de la crisis de la roya también muestran un problema de prioridades. Los balances priorizan el número de hectáreas perjudicadas, y con base en la proyección de las exportaciones, se estima la pérdida de divisas, dejándose en segundo plano las cifras de desempleo considerando que el cultivo del café es el que genera más empleo en el sector agrícola, unos 43 millones de jornales directos y cinco millones de indirectos. Dicho de otro modo, el centro de la preocupación pública por la crisis cafetera está ocupado por las divisas en riesgo, dejando poco lugar para las familias en riesgo.
Casi el 80% de los fundos cafetaleros son de menos de dos hectáreas y se ubican en la producción de carácter familiar. Es este escenario el que hay que tener en mente al discutir cómo el Estado ha diseñado el gasto de los 100 millones de soles destinados a dar respuesta a la crisis. Se requiere claridad acerca de cómo las soluciones llegarán hasta las chacras de los caficultores –sea en créditos o en insumos– y cómo se garantizará que las inversiones sean avaladas por asistencia técnica.
La crisis de la roya actualiza otra crisis, persistente en el café peruano: la de asociatividad y representatividad. Mientras la Cámara Peruana del Café representa a las más importantes empresas, la Junta Nacional del Café representa a unas 43 mil familias de 44 organizaciones, apenas al 28% de las 150 mil familias cafetaleras del Perú. Por otro lado, no todas las organizaciones de productores están vinculadas a instituciones de segundo nivel, muchas sólo alcanzan el nivel comunal. No sólo hay un 72% no representado, sino que es probable que un número aún mayor no tenga capacidad de gestión del apoyo estatal o de otra fuente. Tratando de sacar una oportunidad de la desgracia, este tal vez sería el momento de promover una asociatividad cafetalera.
En conclusión, el apoyo estatal están tardando tanto que se teme que llegue cuando nuestra caficultura esté cercana a una capilla ardiente, porque la solución que tarda, no siempre resuelve.
desco Opina - Regional / 8 de mayo de 2013
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