La Ley del Negacionismo

La denominada Ley del Negacionismo que impulsa el Ejecutivo en el Congreso de la República sorprendió a propios y extraños. Todo indica que se trata de un intento de respuesta a la ostensible presencia del MOVADEF en el CONARE-SUTEP y a su accionar en la huelga magisterial. Como toda respuesta poco pensada y apresuradamente formulada, se trata de una iniciativa unilateral y llena de peligros, como lo han señalado algunos voceros de la propia organización presidencial, Gana Perú.

Unilateral porque la ley en cuestión pretende aplicarse únicamente a aquellos que desconozcan el papel de Sendero Luminoso y el MRTA en el conflicto interno que tanto nos costara. Unilateral, en consecuencia, porque quienes nieguen el triste papel del grupo Colina, por ejemplo, no están inmersos en la norma, que ciertamente podría corregirse en el Congreso, haciéndola extensiva a todos aquellos que nieguen las responsabilidades y el papel de los distintos actores que intervinieron en ese doloroso período de nuestra historia, como lo sugirió el ex Canciller García Sayán.

Llena de peligros porque se interviene en un terreno que roza demasiado de cerca el derecho elemental de libre opinión y pensamiento y de la libertad de información, al extremo que la norma, por ejemplo, podría pretender aplicarse a párrafos completos del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El entusiasmo por su aprobación mostrado por importantes voceros del fujimorismo y por algunos de los sectores más duros de la derecha, desnuda el interés que puede existir en negar una parte de la historia, y por esa vía, evitar la recuperación de la memoria.

Pero también, porque más allá de la voluntad de quienes impulsan la medida, es claro que ésta afecta la posibilidad de verdad y reconciliación, que no es lo mismo que impunidad como parecen entenderlo algunos, a la que debemos acceder como país. La memoria, entendida como conexión entre pasado y futuro, es indispensable en esta perspectiva si queremos que en la construcción del mañana, el recuerdo del pasado sea una garantía para que éste no se repita.

Desde esta perspectiva, creemos que el Estado se equivoca. La memoria se recupera y la verdad se transmite de generación en generación como resultado de un esfuerzo público y sostenido de educación y comunicación. En el mismo, la responsabilidad del Estado es neurálgica y aquella no puede ser reemplazada por el uso de instrumentos legales para formar las imágenes y valoraciones de la población.

Sorprende definitivamente que sea el Premier, uno de los abanderados de la propuesta. Y lo hace, porque su discurso inicial está marcado por la apuesta por el diálogo que exige de tolerancia y de respeto por la libre opinión pública. Preocupa, adicionalmente, por el momento en que se hace, coincidiendo con el polémico fallo encabezado por el vocal Villa Stein, que fuera dura y certeramente criticado por el propio Premier.

Tal como está formulada, la propuesta alimentará, sin ninguna duda, una fuerte polémica y la polarización que siempre genera nuestro pasado reciente, seguramente volverá a aparecer. Creemos que haría bien el Ejecutivo en repensar y ajustar su propuesta, antes de someterse a la posibilidad cierta de su derrota en el Congreso de la República, y más cierta aún, en la ciudadanía.

desco Opina / 31 de agosto de 2012
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