Quienes asumen que la solución al escenario del VRAE radica en la caída de los altos mandos del narcoterrorismo y la captura de «remanentes senderistas» olvidan que la persistencia del narcotráfico no es resultado de un trabajo político doctrinario, sino de motivaciones más cercanas a negocios criminales que, nos guste o no, forman parte de las alternativas económicas en muchos lugares del país. No obstante, mecanismos para incidir en los factores del desarrollo local, como el Presupuesto Participativo, se encuentran seriamente limitados.
Hace algunos días, durante uno de los talleres del Presupuesto Participativo basado en resultados-PPR de la Región Junín, los participantes abordaron la problemática del VRAE. En la Municipalidad de Río Negro (Satipo), lejos de la atención mediática, uno de los asistentes resumió la preocupación generalizada: “el VRAE no es una broma y nos afecta a todos en la selva central”. La invitación de los dirigentes de base a debatir el escenario de violencia en el VRAE –que atañe a Ayacucho, Huancavelica, Cusco y la selva de Junín– contradice opiniones que descalifican a la población, acusándola de inacción y complicidad.
El debate muestra las posibilidades de la democracia participativa, que más allá de representar únicamente la apertura en las decisiones sobre el gasto público, brinda condiciones para la expresión de los líderes regionales sociales y políticos. Los límites están más bien en el esquema centralista que persiste para enfrentar los problemas regionales. Por ejemplo, por la vía del PPR Junín no se habilitarán, mejorarán o construirán carreteras, en una jurisdicción en la que sólo el 3% de las vías de carácter regional están asfaltadas. La región queda en este aspecto a espera de un presupuesto para proyectos especiales desde el Gobierno Central, modalidad que contraviene el proceso de descentralización y subestima el aporte local en identificar escenarios de inversión pública que tengan impacto en la diversificación de la economía productiva local, aspecto clave para cerrarle el paso al narcotráfico.
Quienes reducen la gobernabilidad del VRAE a la necesidad de fortalecer una autoridad político – militar autónoma olvidan que los que conocen mejor los problemas son aquellos que los sufren. Al alejar de los poderes locales las decisiones de los planes e inversiones necesarias para brindar alternativas de inclusión social y económica para el VRAE, se posterga la principal responsabilidad estatal: el diseño de un esquema de recursos financieros, herramientas legales e insumos para el desarrollo regional.
El conflicto en el VRAE no es sólo de «orden interno» sino de desigualdad social, falta de oportunidades y poca atención del Estado, acentuada por la exclusión históricamente padecida por la población de la selva de nuestro país. Ofrecimientos como instalación de postas médicas o la mejora de la infraestructura escolar, además de afrontar de manera superficial el reto de llevar al VRAE la «presencia del Estado», no traen aparejadas medidas para garantizar la calidad de los servicios que se prestan. Esta «presencia del Estado» no puede darse al margen de un plan integral para la región selva central, con objetivos claros en todos los ejes del desarrollo.
desco Opina - Regional / 18 de mayo de 2012
Programa Selva Central
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