A fines del año pasado el Ejecutivo hizo pública la propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización (PNDR) 2012-2016, elaborado por la Secretaría de Descentralización (SD). A pesar de que para enero de este año estaba comprometida la consulta del PNDR en las 25 regiones del país, el Secretario Alberto Muñoz Nájar, ha anunciado el relanzamiento de la regionalización.
Días antes del anuncio del relanzamiento el Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, presentó el Informe Anual del Proceso de Descentralización 2011 en el que precisa que «el PNDR actualmente está en revisión para someterlo a consulta y lograr su validación final», sin precisar cuándo concluirá esta revisión y sobre qué puntos habrá cambios, o si esta revisión reemplaza o precede a la consulta anteriormente comprometida. En este ambiente de revisiones inopinadas, Muñoz Nájar ha anunciado, además, el inicio de una gira por el sur del país para redefinir las políticas descentralistas.
¿Por qué es importante el PNDR? En primer lugar, plantea que el proceso de descentralización debe responder a un enfoque territorial, esto significa que el proceso debe partir del reconocimiento de las potencialidades de cada departamento para plantear una serie de políticas que los articulen de una manera integral en un espacio territorial mayor: las regiones. De allí que las Juntas Interregionales hayan identificado los proyectos conjuntos que crean una noción del territorio que no se agota en los límites departamentales. Un reto decisivo para el relanzamiento del proceso es la determinación de este espacio territorial mayor.
En ese sentido, hay dos normas sobre las que debería estar trabajando la Secretaría de Descentralización para que se aprueben en un mediano plazo: la descentralización fiscal y el ordenamiento territorial, dos instrumentos de gestión necesarios para avanzar en el proceso, sin que esto signifique la federalización del Estado (el temor más grande de Valdés, que en todo momento habla en su informe de un Estado unitario e indivisible).
La descentralización fiscal ha motivado un arduo trabajo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales así como de la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. El resultado es una propuesta técnicamente sólida que, en esencia, plantea ampliar la base de tributos generados en las regiones con los diversos tipos de impuestos que ahí se generan (y no solo con el impuesto a la renta que pagan las grandes compañías, como las mineras) y estandarizar una metodología transparente y más predecible que los cálculos que año a año realiza el MEF en base a criterios poco claros. El fin es reducir las enormes brechas que separan a las regiones con la «suerte» de tener recursos naturales explotables, de las que no. Los picos de transferencias desde el Gobierno Nacional a las regiones más «ricas» podrían disminuir ligeramente, pero a costa de una mayor predictibilidad del sistema y de una mayor equidad, precisamente lo que corresponde a un Estado «unitario e indivisible».
Por otro lado, la Ley de ordenamiento territorial que, según la óptica con que se vea, puede ser considerada un freno para la inversión (posiblemente un argumento que se utilice interesadamente para vetar la aprobación de esta norma) o una herramienta para planificar ordenadamente la inversión, que contribuya, por ejemplo, a evitar que el Ejecutivo siga otorgando concesiones sin tomar en cuenta las potencialidades territoriales de cada departamento, los efectos del cambio climático, entre otras variables que alimentan los conflictos sociales.
Sí, es necesario desarrollar las líneas del nuevo proceso de descentralización planteadas por Muñoz Nájar, tales como la promoción de la inversión pública descentralizada para que las gestiones locales y regionales ofrezcan mejores resultados, así como enfocarse en el fortalecimiento institucional para alcanzar el mismo fin; sin embargo, creemos necesario que la SD, como ente rector del proceso de descentralización, defina de una vez por todas su plan de acción, es decir, el PNDR revisado y consensuado.
Estamos seguros que la consulta de este instrumento solo reforzará el pedido desde todas las regiones por procesos que se congregan, entre otras líneas, en los citados procesos de ordenamiento territorial y descentralización fiscal. Al parecer, la orientación del actual Premier, parece entender la «unidad» como el mantenimiento de la dependencia de las regiones a las decisiones a menudo discrecionales del Gobierno Nacional. La suerte de «shock de inversiones» planteada para Cajamarca como salida al conflicto de Conga pone de relieve esta aversión por avanzar en la autonomía de las regiones del país, ya que pasan por encima a las autoridades democráticamente electas. ¿Este nuevo relanzamiento guardará las claves para profundizar la descentralización que queremos?
desco Opina - Regional / 4 de mayo de 2012
Programa Regional Sur
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