El inicio del 2012 nos vuelve a traer a la realidad sobre nuestra débil democracia. En menos de 24 horas del primer día útil del año, el Jurado Nacional de Elecciones vendió 253 Kits para la revocatoria de autoridades regionales y municipales. La prensa nacional ha resaltado el caso de la alcaldesa de Lima, el número de grupos que buscan su revocatoria y la aparente rapidez para el llenado de planillones. Sin embargo, al interior del país la situación hace evidente que grupos opuestos entre sí generan enfrentamientos para revocar a sus autoridades porque cada uno de ellos busca liderar los procesos.
Aunque parezca curioso, la Ley 26300 «Ley de los derechos de participación y control ciudadano», aprobada durante el gobierno fujimorista con el supuesto objetivo de frenar la corrupción y la incapacidad de los alcaldes, otorga la prerrogativa de revocatoria de autoridades y no establece criterios de sustento para las solicitudes presentadas. Posiblemente porque en ese entonces, lo que se buscaba en el fondo era contar con herramientas legales para impedir el crecimiento de liderazgos de las autoridades electas que no eran afines al gobierno.
En la actualidad, salvo justificadas excepciones, los ciudadanos no muestran causales válidas para iniciar estos procesos. Por esta razón creemos que las viejas costumbres de incomodar la gestión de quien no es del agrado de algún sector social, político o económico siguen vigentes, aunque con nuevos rostros. En el caso del centro del país, hay solicitudes de revocatoria para casi todas las regiones y municipalidades provinciales y distritales, habiéndose comprado kits para la revocatoria de los presidentes regionales de Junín, Huancavelica y Pasco.
Como si estos procesos dieran la oportunidad de convertir a sus promotores en salvadores de honras públicas y, al mismo tiempo, de nuestra endeble democracia, lo cierto es que a nivel distrital los temas de revocatoria muchas veces obedecen a disputas personales. Entre los argumentos que se enarbolan públicamente se colocan asuntos de índole personal por encima de los temas de gestión. Por ejemplo, a un alcalde se le enrostra en las calles de su distrito su incapacidad moral por mantener relaciones clandestinas con su secretaria siendo evangélico y casado, y se dejan pasar a segundo plano las denuncias por peculado y malos manejos que ya se encuentran en proceso de judicialización, como si lo primero fuese lo más grave e incidiese de manera directa en sus funciones ediles. A otro alcalde se le acusa de abuso de autoridad por ordenar el cierre de un mini cine y atentar contra la libre empresa, lo que no se dice es que en este local se vendía licor y se transmitían videos pornográficos a menores de edad.
Podemos estar de acuerdo o en contra de estas inciativas, de sus promotores o de las causales que argumentan, pero no podemos tildar los procesos de revocatoria de antidemocráticos, ya que sólo se está haciendo uso de la democracia directa. En las siete últimas consultas populares de revocatoria a nivel nacional se solicitó la revocatoria de 3,367 autoridades municipales (740 alcaldes y 2,627 regidores), resultando revocadas 1,057 (31.3 %): 210 alcaldes y 847 regidores. Lo que queremos poner en cuestión son los costos políticos, sociales y económicos para los territorios. Las reacciones de quienes se sienten amenazados son diversas, hay incluso, quienes minimizan las posibilidades de lograr las metas de firmas requeridas. Pero también están los que reaccionan de manera iracunda y violenta, o que azuzan a sus seguidores a iniciar persecuciones y amenazas contra la integridad de las personas. Lo cierto es que un alto porcentaje no logrará sus propósitos (los antecedentes así lo confirman), pero las fracturas sociales tardarán en curarse.
En algunos casos, las metas de firmas de adherentes que aparentemente son imposibles de lograr, no lo son tanto; todo depende de la estrategia y del discurso, y cuando las razones son válidas, no hay objeción. Pero cuando las motivaciones obedecen a caprichosas interpretaciones personales, ¿cuánto le cuesta al país estos apetitos y venganzas? ¿No sería preferible acelerar los mecanismos de denuncia e investigación de irregularidades funcionales para garantizar sentencias rápidas para la remoción de autoridades de manera ágil y efectiva? En cualquier caso, las paredes de las ciudades y carreteras del interior ya están siendo pintarrajeadas a favor y en contra de unos y otros, lo que nos recuerda que nuestra democracia no descansa de escuchar denuncias y vilipendios, y los ciudadanos tampoco nos libramos de escucharlos, aunque los argumentos de todos nos digan más de lo mismo.
desco Opina / 27 de enero de 2012Programa Selva Central
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