El mensaje en el que el Presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca dura menos de tres minutos. Su alocución anterior había sido más larga pero lo central podía resumirse en dos palabras: «Conga va». Todo indica que el desarrollo público y privado de los hechos de Cajamarca terminó por volver inviable la correlación de fuerzas sostenida por el renunciante Salomón Lerner y abrió la puerta al supuestamente «ejecutivo» Óscar Valdés.
El breve mensaje de Humala es significativo porque muestra una forma de ejercer hegemonía que va a contrapelo de lo que se esperaba bajo el rótulo de ‘gran transformación’. Muestra a un mandatario que dicta la medida pero no marca una agenda a seguir. El conflicto de Conga tiene muchas aristas, lo cual lo hace más complejo pero a la vez hubiera constituido una oportunidad para diversificar la agenda con miras a una negociación que dure más de las ocho o nueve horas tras lo cual algunos de los enviados del Ejecutivo decidieron que los dirigentes eran «intransigentes», entre ellos el ex viceministro Otárola, que señaló que la policía estaba «con la moral alta», como si fueran a defender el fuerte apache. Por muy civil que sea, el hoy Ministro de Defensa ya dio muestras de que el autoritarismo no tiene que venir uniformado.
No es poca cosa que Humala haya declarado el estado de emergencia contra la autoridad regional de Cajamarca. Es cierto que ha habido declaratorias de este tipo desde el inicio del actual proceso de descentralización, pero ninguna en abierta confrontación con el Presidente Regional. Recordemos que las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín que forman parte del VRAE declaradas en emergencia cuentan con una especie de admisión de las autoridades regionales de que la situación es inmanejable en esta porción de sus territorios. Ciertamente no es el caso en Cajamarca, donde el Presidente Santos, que era el primero en pedir que salga Valdés, ve hoy un escenario de confrontación asimétrica más claro desde el gobierno.
El aparente giro hacia la derecha, se ha dicho, no resulta el quid del asunto para comprender lo que ha pasado con el gabinete. Si se buscó «blindar la hoja de ruta», ciertamente Valdés parece estar más «alineado» que Lerner, al cual el gobierno también hubiera podido acusar de no tener operadores políticos en Cajamarca que amortigüen el conflicto. Tal vez el Presidente, en su pragmatismo, piensa que no vale la pena llenarse de voces críticas desde el interior (el caso de las observaciones de Giesecke al EIA de Conga es paradigmático) si no obtiene a cambio la capacidad de controlar la conflictividad social desde sus bases.
No debemos perder vista que se viene un acumulado de EIA aprobados a la carrera por el hortelanista García y que probablemente servirán como argumento en los conflictos que están esperando en fila. Una forma de encauzarse en la institucionalidad del Estado es profundizar el proceso de descentralización, lo cual implica negociar con las autoridades electas y avanzar en resolver el desaguisado de (in)competencias que impiden a las regiones ser más autónomas en relación a la actividad de las industrias extractivas en su territorio. Es decir, un real compromiso con la descentralización del Estado, la única reforma que se sostiene desde el nuevo «pacto social» post dictadura. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es un actor muy importante que debe ampliar sus esfuerzos por presentar una postura conjunta con visos de sostenibilidad.
desco Opina / 12 de diciembre de 2011
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