Entre la corrupción y la inseguridad

La campaña municipal por Lima –capital de la República y centro urbano más importante y densamente poblado del país– refleja en gran medida la pobreza del debate público acerca de dos temas que están hoy en el centro de la atención ciudadana: corrupción e inseguridad.

Si bien desde el partidor la candidata Lourdes Flores tuvo el reflejo político de proponer la anticorrupción como parteaguas de la campaña –en directa alusión a su entonces contendiente, Alex Kouri– pronto su discutible vínculo con el procesado por narcotráfico César Cataño, desdibujaron la propuesta ética de la lideresa pepecista, exponiéndola al asedio de sus adversarios políticos. Con la salida de Kouri de la contienda y de pronto segunda en las encuestas, Susana Villarán propuso volver a trazar la línea entre las «manos limpias» y la corrupción, intención que ha quedado bastante relegada ante los ataques desmesurados de los que ha sido objeto, por parte de un grupo de diarios limeños que comparten titulares e informes que descalifican la identidad izquierdista de los partidos que integran la alianza electoral Fuerza Social, llegando al extremo de comparar a su representante con el líder del sanguinario PCP-Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Aún más preocupante que la precariedad del debate sobre la corrupción –sin cuestionamientos de fondo a las oscuras finanzas de las empresas municipales– es el escaso nivel de propuesta en seguridad ciudadana. No obstante aludir algunos de los candidatos a un cambio de enfoque (policía de proximidad, estrategia preventiva, etc.) ninguna de las fórmulas ha escapado de la lógica imperante, que se limita al potenciamiento de las capacidades policiales. Todo ello cuando el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana evidencia su absoluta inoperancia y se desdibujan las fronteras entre seguridad pública y seguridad interna, confundiéndose roles y objetivos entre los sectores del Estado. Por ejemplo, que el alcalde Castañeda insista en que la seguridad de la ciudad no concierne a su despacho, sino al Ministerio del Interior.

En este marco proliferan salidas de impacto mediático, como la reciente disposición presidencial que establece que los efectivos policiales dedicados a tareas administrativas pasen al patrullaje callejero, o la propuesta legislativa de ampliar las atribuciones de los cuerpos de serenazgo e, incluso, vigilantes privados, dando luz verde a que las calles se llenen de armas, cuando está ampliamente demostrado que esto tiene un efecto adverso sobre la sensación de seguridad, deteriorándola aún más, pues con ello se abren las puertas al mercado ilegal de armas sin control estatal.

Finalmente, queremos recordar que una de las aristas de la problemática de la inseguridad está en la expansión del narcotráfico, con parte considerable de la economía y la política del país bajo su influjo. Aun cuando el problema no alcanza, ni mucho menos, las proporciones que ha adquirido por ejemplo en México, la situación de ese país puede servirnos como advertencia de lo que depara el futuro si no se incorpora seriamente esta variable.

desco Opina / 3 de setiembre de 2010
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