El canciller de la República debió salir rápidamente a decir que no había nada de extraordinario en que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, notificara a Ecuador sobre su habilitación como declarante ante la demanda presentada por Perú, en el diferendo marítimo que sostiene con Chile. Lo mismo ha hecho con Colombia y la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
En efecto, como señala el canciller García Belaúnde, son cuestiones estrictamente procedimentales y será Ecuador quien finalmente decida si acude o no a la cita. Sin embargo, eso bastó para que las alarmas se activaran en nuestro país y dio pie a que algunos diarios vieran casi una «invasión ecuatoriana» en lo que, al parecer, era una faena de rutina por parte de militares de ese país.
Lejos de la anécdota, lo cierto es que esta especie de ejercicio muy semejante a los recordados sicosociales que implementaba el autoritarismo fujimorista, pone en discusión el enorme mar de fondo que subyace en las maneras como el país está tratando su defensa y seguridad con los vecinos.
El hecho evidenció que luego de más de diez años de haberse firmado el Tratado de Paz con Ecuador y a pesar de las reiteradas declaraciones del presidente Correa respecto a que no hay una agenda pendiente con Perú, los temores subsisten y posiblemente haya mucho de razón. Por ahora, Ecuador está concentrado en los problemas fronterizos que mantiene con Colombia y, seguramente, lo último que pasa por los gobernantes de ese país es plantearle al Perú, entre otras cuestiones, el cumplimiento cabal de lo que se firmó en Itamaratí en 1998.
En relación a esto, la situación provocada por una «infidencia» de la prensa chilena –los procesos en La Haya deben ser reservados– y evidentemente monitoreada desde los altos círculos de ese país, ha dejado un mensaje muy claro. Ecuador ha sido un aliado histórico de Chile y, en esa línea, lo presiona para formular una situación fáctica que se contraponga a un probable fallo jurídico adverso a sus intereses. Recordemos sino, como tiempo atrás buscó comprometer a Bolivia en este asunto bilateral.
Al respecto, está claro que el escenario formado debería estar en el horizonte de probabilidades que maneja la Cancillería peruana. La duda que se instala es si esto es efectivamente así o estamos ante una diplomacia que está realmente sorprendida frente a las «revelaciones» de la prensa chilena.
En todo caso, llama a preocupación que esto ocurra cuando las evidencias de la inexistencia de una mínima coordinación entre Relaciones Exteriores y Defensa son bastante fuertes, a lo que debemos agregar la clara direccionalidad comercial que tiene la política exterior peruana, limitando severamente el planteamiento de una estrategia con los países vecinos en que se demuestren la defensa y la seguridad como componentes centrales.
En efecto, la centralidad en los aspectos comerciales de la política exterior peruana no ha permitido considerar en su exacta dimensión el hecho de que los Estados conducen intereses nacionales que van mucho más allá y, en esa línea, identifican amenazas y oportunidades en el desenvolvimiento de sus amigos y oponentes en otros planos. Así, está claro que para los gobernantes peruanos «las buenas relaciones» están midiéndose exclusivamente en la balanza comercial, dejando peligrosamente de lado aspectos fundamentales de la soberanía nacional en las relaciones con los vecinos.
Es lo que sucede cuando sin mayores preocupaciones dejamos que nuestros gobernantes apliquen un recetario sin los cuidados y precauciones que exigen los intereses nacionales. Lejos están los tiempos en que los esquemas hemisféricos consideraban que la defensa era un gasto innecesario, porque «las democracias no se hacen la guerra y el único regulador es el mercado libre». La realidad, como vemos todos los días, es otra. Es decir, el mercado también es una guerra que el Perú no sabe enfrentar. Allí están las inversiones chilenas en nuestro país para recordárnoslo cotidianamente.
desco Opina / 28 de mayo de 2010Descargar Aquí
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