Según los Reportes de Vigila Perú y otros informes del Grupo Propuesta Ciudadana, la capacidad de gasto anual de los gobiernos regionales bordea el 50% de los recursos disponibles para inversión. Las fuentes que generalmente no se utilizan en su totalidad son: (i) canon y sobrecanon, (ii) recursos directamente recaudados y (iii) recursos ordinarios; cuya naturaleza no retornable, permite «acumular» dichos fondos para el siguiente ejercicio fiscal.
Un hecho que podría estar contribuyendo al retraso en la ejecución de los presupuestos de inversiones es la lentitud de los equipos técnicos de los gobiernos regionales para viabilizar las ideas de proyecto presentadas en los presupuestos participativos de cada año, es decir, para convertirlas en proyectos a nivel de SNIP. Por esta limitación se dejan recursos sin invertir con significativos retrasos en su asignación.
El desenlace del cual hemos sido testigos en más de una ocasión es que los recursos no programados en el presupuesto participativo, asociados a las fuentes referidas en el primer párrafo, se acumulan entonces para el final de la gestión de las autoridades regionales, sirviendo de «colchón» para una gestión populista y afanes electorales de último minuto.
Esta tendencia configura un escenario más complejo si se suma a las recientes normas que establecen la obligación de los presidentes regionales que pretendan reelegirse, de solicitar licencia 120 días antes de la elección, mientras que aquellos que quieran postular a las alcaldías de provincias o distritos deben hacerlo seis meses antes. Esto quiere decir que las autoridades regionales tienen, dependiendo del caso, hasta abril o hasta junio para ejecutar el presupuesto de inversión directamente, a partir de ahí, cualquiera fuere la dirección de sus afanes, ellos ya no podrán ser los protagonistas del gasto. Como se puede ver, al «embalse» presupuestal observado se suma ahora la premura por gastar antes de tener que abandonar el cargo. Esto nos hace preguntarnos si el criterio con el cual se harán las inversiones en los meses venideros estará alineado con los objetivos del desarrollo regional. Todo indica que no será así.
En el caso de Huancavelica, si bien es cierto que el gobierno regional tiene una capacidad de ejecución mayor al promedio nacional, ello no se refleja en el mejoramiento de las condiciones de vida de las zonas tradicionalmente deprimidas, como es el caso del sur de la Provincia de Huaytará, donde no se ha llegado a gastar ni siquiera el 2% de esos recursos. Santiago de Chocorvos, Córdova, Ocoyo, Laranmarca, San Francisco de Sangayayco, son sólo algunas de las localidades que no conocen inversión alguna de la actual gestión.
A la luz de estos problemas en la gestión regional de los recursos, es preciso analizar el rol de importantes experiencias como el presupuesto participativo. Éste ayuda a recoger información veraz sustentada en las aspiraciones de la población –como la tecnificación de los sistemas de riego, la utilización eficiente de los recursos hídricos, el pago por servicios ambientales, canon hídrico, entre otros–. Creemos en la necesidad de profundizar la descentralización y la regionalización, señalando los múltiples obstáculos que existen para priorizar las verdaderas necesidades de inversión de las poblaciones del interior del país, sobre todo en contextos tan caldeados como los meses previos a las elecciones.
Enlaces de interés
- Ley 29470 que establece la obligación de renunciar o solicitar licencias sin goce para los presidentes regionales que deseen postular en las elecciones de octubre.
- Decreto 097-2009-EF que establece –excepcionalmente- la obligación de los proyectos del presupuesto participativo 2010, de tener un Perfil registrado en el SNIP.
- “El MEF hace peligrar presupuesto participativo”. Análisis de Otra Mirada sobre el Decreto 097-2009-EF.
Programa Sierra Centro
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