Viaje sin novedad

desco Opina - Regional / 14 de agosto de 2009

Desde el 21 de julio, fecha en que entró en vigencia el nuevo Código de Tránsito, se han impuesto alrededor de 9 mil multas a nivel nacional, de las cuales 6 mil –67 por ciento– corresponden a la ciudad de Lima. Cabe preguntarse ¿realmente estas cifras indican una reducción en las infracciones? Más aún, ¿realmente se está produciendo un cambio?

En efecto, se ha reducido el número de multas por infracción, pero los usuarios no están convencidos de los datos oficiales, pues ello no significa que se haya producido un cambio sustancial orientado al respeto a la ley y al usuario. Ante la probabilidad de una fuerte multa, es visible una mayor preocupación por parte de los conductores de servicio público y, de otro lado, se aprecia un mayor control en las unidades de transporte público respecto al uso de paraderos y lugares de estacionamiento. Sin embargo, estos detalles siempre están supeditados a la presencia de efectivos policiales.

Recordemos que el nuevo Código de Tránsito fue promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como respuesta al alto índice de accidentes a nivel nacional y, en especial, en Lima, durante los pasados meses. Pero, ante la mayor dureza de las sanciones, el gremio de transportistas optó por la protesta contra las medidas tomadas por el Ministerio de Transportes, que imponía sendas multas y amenazas de traslado del vehículo infractor al depósito. Mientras tanto, los usuarios no tuvieron voz.

Ante la presión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, retrocedió con el argumento de priorizar el diálogo y la búsqueda de consenso, que devinieron en acuerdos. El ministro prefirió una postura flexible y transigir en algunos puntos que eran objeto de controversia –por existir entonces una coyuntura delicada para el gobierno– con consideraciones menos duras para los infractores que cometen faltas leves, como por ejemplo el decomiso del brevete.

De esta manera, encontramos dos aspectos importantes que resaltar sobre el ordenamiento del tránsito en la ciudad. De un lado, se anteponen intereses políticos coyunturales al beneficio de la mayoría, lo que no es ninguna novedad pero que a la larga agrava la situación y, de otro lado, se pretende generar un cambio en la cultura del conductor y de las autoridades.

Sobre lo primero, sería necesario plantear normas claras que puedan solucionar efectivamente el problema y que no se «derritan» ante la presión de los sectores que tienen intereses directos, aun cuando su potencial electoral sea importante: creemos importante resaltar que quien comete una falta debe ser sancionado.

Con respecto a la sanción, existe el riesgo que las multas elevadas propicien la corrupción y la coima en la negociación callejera, como muchos de nosotros hemos visto con lamentable frecuencia. Ello tiene que ver con la cultura enraizada –choferes, policías y usuarios– que se pretende cambiar y, otra vez, nos encontramos con diversos actores sociales involucrados –pero no comprometidos– con la solución del problema.

Mientras el efectivo policial sea un comisionista de la multa en tanto percibe el 25% de la misma, no podremos estar libres de negociaciones clandestinas en las vías. Y allí juegan un rol importante y hasta ahora no asumido, tanto las municipalidades como varios ministerios.

Por su parte, el triunfal anuncio del Ministro de Transportes, respecto a que 365 choferes son sancionados diariamente, nos parece un dato interesante para contrastar con las 1500 papeletas diarias que se emitían antes de la vigencia de este código. Pero, a la iniciativa le falta aún el sustento de la educación vial, de la campaña en concordancia con los medios, con la responsabilidad de los Ministerios de Educación y del Interior y con el liderazgo de la Municipalidad de Lima, que es la institución que tiene los recursos necesarios para tutelar el orden, el transporte y seguridad en la ciudad.

Así, la vigencia y puesta en marcha del Código de Tránsito debe ir articulado con un plan integral que solucione problemas esenciales de las ciudadanas y ciudadanos que se transportan diariamente por las vías de Lima, en concordancia con las necesidades de los que caminan por las calles, donde el gobierno metropolitano es el llamado a poner orden.

No hay solución específica ni parcial para un problema de amplio espectro: ésta debe involucrar a todos los sectores comprometidos. Si bien es cierto que en tiempos de gripe AH1N1 y de conflictos en el interior del país que requieren de atención inmediata del gobierno central y que absorben la atención de la opinión pública, el transporte no es un tema esporádico: se ha desarrollado y evolucionado con la ciudad, donde después de la época de los autos y buses empezaron a circular colectivos y mototaxis y, en el interior de ellos, personas con derechos, que requieren transportarse «sin novedad».

desco Opina - Regional / 14 de agosto 2009
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