El pasado 27 de setiembre, fue aprobado el reglamento de la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (Ley No. 29090), que entró en vigencia al día siguiente de su aprobación. Esta norma fue cuestionada desde su publicación en el 2007, por los colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos, que sostienen que no se puede alentar las construcciones a costa de la seguridad de las edificaciones.
Esta controversial ley creada con la finalidad de «promover la inversión inmobiliaria», establece cuatro nuevas modalidades de licencias de construcción, entre ellas las licencias automáticas, que se otorgan sin inspecciones previas, dejando de lado un tema esencial para la población: la calidad de lo construido.
En efecto, establece que para los casos de construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta 5 pisos, la licencia será automática siempre que se presente con el expediente la póliza de seguro con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con vigencia durante todo el período de ejecución de la obra. Además, los responsables de la construcción deberán presentar, el documento de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley de Seguridad Social y el Plano de Sostenimiento de Excavaciones, si hubiese sótano o semisótanos con profundidad mayor a 1.50 m.
Esto significa que las responsabilidades sobre cualquier contingencia durante la obra, recaen en el propietario. En pocas palabras si algo sucede, es “su” problema. La situación generada es grave porque de esta manera se afecta el derecho de la población a contar con una vivienda segura y es inaudito que el Estado trate de “lavarse las manos”.
Si bien en el caso de las viviendas unifamiliares de hasta 120 m2, se ha establecido que la Municipalidad podrá exigir la presentación de los planos de arquitectura y de estructuras de la edificación, suscritos por un arquitecto y un ingeniero civil, respectivamente, lo que brinda mayor seguridad a la calidad de la construcción, no podemos desviar la mirada del problema central.
Dadas las características geofísicas de nuestro país, nuestro territorio presenta una gran actividad sísmica y sería irresponsable evadir los estudios correspondientes antes de construir una casa, con la finalidad de ganar tiempo. Es algo contradictorio que, para beneficiar al usuario a que cuente con una vivienda, se agilice el trámite y el resultado de éste sea una edificación insegura.
Creemos que una vez más la ley que rige a nivel nacional, no atiende las verdaderas necesidades de la ciudadanía y no prioriza el bienestar de las ciudades, por lo cual urge un proceso de rediseño, en el que se atienda las opiniones de los expertos y hasta del sentido común. Si lo ideal es construir sobre seguro, entonces antes de construir una casa, debe existir un anteproyecto aprobado para que la Municipalidad respectiva pueda emitir la licencia. Sólo así se asegura la integridad de los habitantes.
Si no se revisa y se modifica esta reglamentación, tendremos que afrontar una vez más, las consecuencias de una ley –una más– que no prioriza la seguridad plena de los habitantes. Y probablemente tendremos como triste lección, más obras en conflicto, más construcciones sin criterio técnico y más tragedias que lamentar, bajo el techo de una ley que desmorona nuestra seguridad.
Esta controversial ley creada con la finalidad de «promover la inversión inmobiliaria», establece cuatro nuevas modalidades de licencias de construcción, entre ellas las licencias automáticas, que se otorgan sin inspecciones previas, dejando de lado un tema esencial para la población: la calidad de lo construido.
En efecto, establece que para los casos de construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta 5 pisos, la licencia será automática siempre que se presente con el expediente la póliza de seguro con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con vigencia durante todo el período de ejecución de la obra. Además, los responsables de la construcción deberán presentar, el documento de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley de Seguridad Social y el Plano de Sostenimiento de Excavaciones, si hubiese sótano o semisótanos con profundidad mayor a 1.50 m.
Esto significa que las responsabilidades sobre cualquier contingencia durante la obra, recaen en el propietario. En pocas palabras si algo sucede, es “su” problema. La situación generada es grave porque de esta manera se afecta el derecho de la población a contar con una vivienda segura y es inaudito que el Estado trate de “lavarse las manos”.
Si bien en el caso de las viviendas unifamiliares de hasta 120 m2, se ha establecido que la Municipalidad podrá exigir la presentación de los planos de arquitectura y de estructuras de la edificación, suscritos por un arquitecto y un ingeniero civil, respectivamente, lo que brinda mayor seguridad a la calidad de la construcción, no podemos desviar la mirada del problema central.
Dadas las características geofísicas de nuestro país, nuestro territorio presenta una gran actividad sísmica y sería irresponsable evadir los estudios correspondientes antes de construir una casa, con la finalidad de ganar tiempo. Es algo contradictorio que, para beneficiar al usuario a que cuente con una vivienda, se agilice el trámite y el resultado de éste sea una edificación insegura.
Creemos que una vez más la ley que rige a nivel nacional, no atiende las verdaderas necesidades de la ciudadanía y no prioriza el bienestar de las ciudades, por lo cual urge un proceso de rediseño, en el que se atienda las opiniones de los expertos y hasta del sentido común. Si lo ideal es construir sobre seguro, entonces antes de construir una casa, debe existir un anteproyecto aprobado para que la Municipalidad respectiva pueda emitir la licencia. Sólo así se asegura la integridad de los habitantes.
Si no se revisa y se modifica esta reglamentación, tendremos que afrontar una vez más, las consecuencias de una ley –una más– que no prioriza la seguridad plena de los habitantes. Y probablemente tendremos como triste lección, más obras en conflicto, más construcciones sin criterio técnico y más tragedias que lamentar, bajo el techo de una ley que desmorona nuestra seguridad.
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