Y después de la derogatoria de la Ley de la Selva ¿qué?

desco Opina - Regional

Luego de un ardoroso debate, el 21 de setiembre el Congreso de la República aprobó la derogatoria de los D.L. 1015 -popularmente conocido como la Ley de la Selva- y 1073.  Sesenta y dos votos a favor y veintisiete en contra, fueron suficientes para que el Poder Legislativo dé la razón a los reclamos nativos y disienta con el Poder Ejecutivo. Días atrás, el presidente Alan García, señaló que sería irresponsable dejar prosperar tamaña solicitud y que esa posibilidad sería observada por su despacho. A su vez, el ministro de Agricultura se congració con el mandatario, culpando “a los buitres del siglo XXI” (las ONG) de financiar la movilización y promover los desmanes. Mientras tanto, el premier Del Castillo desconfió de la capacidad de articulación que tienen los pueblos amazónicos para realizar este tipo de protestas, dejando entrever que intereses oscuros se escondían tras los sucesos.

Cuando todo hacía presagiar abiertas discrepancias entre el Congreso y Palacio de Gobierno, un conveniente homenaje póstumo a la congresista Fabiola Salazar dio un marco ideal para la promulgación de la Ley 29261, sin que nadie se sienta aludido, resentido ni afectado por esos dos escuetos artículos que contiene: ningún medio periodístico ha ahondado en la negativa y terquedad presidencial de reconocer públicamente su derrota política ante la movilización parcial del oriente peruano.

Danzas de guerra…lanzas en ristre

La Selva celebró muy a su estilo la derogatoria, pero tras el triunfo de la movilización se ha percatado que las puertas han quedado abiertas para nuevas movilizaciones, paralizaciones y protestas. A los D.L. 1015 y 1073 se le pueden ir agregando otras 22 normas que, para el sentir de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) o de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), son lesivas a los intereses de las etnias y pueblos amazónicos.  Ya se anuncian nuevas paralizaciones para noviembre y el Gobierno Central se ha quedado sin conciliador al habérsele negado esa calidad al ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, quien no ha sido capaz de consolidar un espacio de diálogo con los nativos. Situación que se agrava porque el Poder Ejecutivo plantea dialogar solamente con la CONAP y no con AIDESEP, a quien ha dispuesto sea investigada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Más allá de los emotivos comentarios locales sobre la derrota e incapacidad del Gobierno para imponer una norma impopular, no ha habido mayores espacios de análisis que permitan reconocer las causas por las cuales no todos los supuestos afectados por los decretos leyes derogados participaron de las jornadas de lucha. En primer lugar, las organizaciones amazónicas han mostrado deficiencias en su capacidad de organización y  visibilización de intereses comunes; y abiertos desencuentros entre líderes y posiciones institucionales divergentes. De otro lado, las metodologías de resistencia y los mecanismos de expresión internos, hacen aparentemente infranqueable la conciliación de acciones. La AIDESEP y la CONAP tienen serios problemas para sentarse a dialogar; a esta última incluso se le acusa de trabajar coludida con la Empresa PLUSPETROL. Al respecto en la Selva Central más de una comunidad nativa está aprovechando la presencia de “la petrolífera” que desarrolla exploraciones en los distritos del río Palcazu, siendo posible pensar que se les ha financiado algunas de sus actividades internas y por ello, se han mantenido al margen de los sucesos para no ahuyentar el apoyo empresarial.  Sin embargo, de aprobarse las labores de explotación petrolera en la zona, la factura social y política será trasladada a sus representantes, quienes tendrán serios problemas de credibilidad para explicar las características de esas relaciones.

Otro aspecto a considerar es la creciente comercialización informal de tierras que realizan muchas comunidades nativas. Según algunas estimaciones empíricas y sin ningún sustento técnico manifestadas por los mismos nativos de la provincia de Oxapampa, más del 40% de las tierras de sus comunidades se hallan en poder de colonos minifundistas provenientes de la Sierra Central. La pobreza ha obligado a  sus poseedores a desprenderse de ellas para sanear sus necesidades económicas. Entonces, es presumible que el temor a las leyes aludidas no sea por la venta de las mismas, sino por una posible aplicación radical y sin participación de los afectados para favorecer a grandes empresas. De otro lado, la precariedad de estas ventas -realizadas al margen del marco legal vigente- mantiene expectantes y tensos a los colonos; pero no los entusiasma a exponer abiertamente su débil situación legal.

Finalmente, un tema que ha quedado claro es que no todos los manifestantes tenían pleno conocimiento de los alcances de las normas aludidas. Las interpretaciones sesgadas, los acalorados discursos y los rumores distorsionaron la posibilidad de comunicación y entendimiento, dificultando, además, la posibilidad de construir colectivamente propuestas alternativas que sean técnicamente viables para beneficiar a las comunidades nativas.

…. Tercera Cumbre Amazónica

Entonces, el jolgorio por la derogatoria se trasladó a la Tercera Cumbre Amazónica celebrada el 21 de setiembre en Yurimaguas. Asistieron congresistas, presidentes regionales, algunos alcaldes y líderes de comunidades nativas, además de otros invitados como líderes de organizaciones políticas, grupos sindicales y frentes de defensa entre otros.  Los representantes de la CONAP no asistieron por su abierta discrepancia con la AIDESEP, quien acaparó el protagonismo. El tema central de la agenda era elaborar un Plan de lucha contra el abuso del Estado,  señalándose las 22 normas que están siendo incorporadas a la agenda de las “derogables”.

Más allá de estas intervenciones circunstanciales, no debemos de perder de vista la agresiva contaminación política que sufrirán estos grupos cuyas demandas de interés local se verán diluidas por utilizaciones partidarias en vísperas del foro de la APEC. Quienes resistieron a la Ley de la Selva pueden perder de vista que desde el Ejecutivo o desde el Congreso se insistirá en retomar el tema amazónico, cuyo actual desenlace es una enconosa espina que no ha dejado contentos a los miembros del partido de gobierno.