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Café, deudas de insomnio


Mientras los medios y la opinión nacional se encuentran concentrados en juicios y destapes de corrupción, el problema cafetalero en la selva central continúa sin solución definitiva. Así, las últimas movilizaciones de los productores de la región han puesto sobre el tapete algo más que el problema del crédito agrario, eje de los reclamos a raíz de la plaga de roya amarilla que llevaron a la crisis del sector cafetalero hace cinco años: la venta y el abandono de los predios agrícolas, la fragmentación familiar por la migración en busca de empleo, y una reconversión productiva de resultados inciertos hacia el kión, el maíz, la yuca y los cítricos, sobre los cuales hay poco conocimiento técnico, pero una alta dependencia de los acopiadores.
Otra dificultad es la fragmentación y falta de representatividad de las organizaciones de productores, que ante una misma situación tienen posiciones diferentes. Así, un sector de cafetaleros propuso y negoció la extensión de plazos y la reducción de los intereses (2016 y 2017), un segundo grupo negoció en setiembre del 2018 soluciones similares; en tanto un tercer grupo propugna la condonación total de la deuda (octubre 2018). El gremio cafetalero fracasó en lograr la condonación, perdiendo representatividad y facilitando condiciones para el ascenso de dirigentes con posturas aparentemente más recalcitrantes. Cabe señalar que ser beneficiarios de una condonación obtenida por movilizaciones y presión, incluiría a los cafetaleros en una indeseada cartera de clientes inelegibles por la banca, bloqueando su acceso a financiamientos en condiciones adecuadas, quedándoles como única opción recurrir al capital usurero.
Los problemas organizativos y la falta de representatividad de los gremios de productores agrícolas y la ausencia de un pliego único es común en el agro nacional, lo que se evidenció en los primeros meses del año durante la crisis derivada de la sobreproducción de papa; la que llevó a negociaciones separadas con varios grupos con propuestas diferentes.
Nuestro café ha logrado reconocimientos en muchos certámenes internacionales, pero los costos de producción y la cotización de la Bolsa de Comercio no son compatibles con las necesidades económicas de las familias productoras. La buena productividad que han alcanzado algunos, no contrarresta los bajos precios que limitan seriamente la capacidad de acumulación del productor y por tanto sus posibilidades de honrar compromisos y cubrir sus necesidades económicas. Existe un incremento del mercado nacional, que genera esperanzas de mejorar los ingresos del gremio en el mediano plazo, pero parece ser aún insuficiente.
Durante el mes de noviembre, grupos de cafetaleros han mantenido reuniones para reorientar sus medidas de lucha para lograr la condonación de deudas, pero sin considerar las consecuencias de esta medida, especialmente la quiebra de Agrobanco que, a mayo de 2017, contaba con una pérdida contable de S/ 146 millones. La condonación de la deuda cafetalera agravaría su situación y la colocaría en situación de inminente quiebra.
En conclusión, la deuda por la crisis del café tiene contra la pared a los cafetaleros y al mismo Minagri. En el corto plazo, es muy probable que se produzcan nuevos bloqueos de carreteras y demandas de condonación. Se confirma una vez más también, la escasa capacidad del Estado para proponer políticas diferenciadas de desarrollo que incorporen las peculiaridades de cada contexto local.

desco Opina - Regional / 30 de noviembre de 2018
Programa Regional Centro - descocentro

Capturado por sus propios fantasmas


¿Qué fue lo que cambió la historia? Dicen que Alan García estaba confiado, hasta que en el camino y sin que lo intuyera apareció el reportaje de IDL Reporteros sobre los pagos desde la caja 2 de Odebrecht. Luego de que García se refugiase en la residencia del embajador uruguayo, los dirigentes apristas informaban que le dictaminarían prisión preventiva en los próximos días, según «sus fuentes».

Sin embargo, los hechos previos contradicen este escenario imposible que nos inventaron los apristas. Ni las nuevas revelaciones ni la eventual prisión preventiva parecieron estar en sus consideraciones cuando se dio inicio a una literal demolición de las instituciones, apuntando a deslegitimar, dado el momento, cualquier disposición en su contra.

Semanas atrás decían –García y sus gonfaloneros locales– que Vizcarra había distorsionado la separación de poderes, al «exigir» la salida de Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación. Luego, García afirmó rotundo que en el Perú estaba consumándose un «golpe de Estado». Simultáneamente, su abogado concluía sin inmutarse que el fiscal Pérez jugaba en pared con IDL Reporteros y eso era, ni más ni menos, injerencia política. Si quedara duda sobre esto, Aldo Mariátegui, oportunamente, las disipó al revelarnos que Gustavo Gorriti era en realidad el periodista más poderoso del país e IDL el partido político (sic) más importante.

Finalmente, en rueda de prensa y visitas a los medios de comunicación su abogado, sus políticos amigos y él mismo señalaron que habían criminalizado a su partido político, al tildarlo de «organización criminal».

Bien, Rolando Reátegui contradijo todo lo anterior de un plumazo. El pecado mortal del fujimorismo congresal fue haber permitido que el minúsculo aprismo parlamentario los llevara de las narices. “Tienen experiencia, tienen 80 años. No han sabido las consecuencias de tirarse abajo a PPK, no han visto la consecuencia de la ley de medios. Mulder no ha salido afectado de la ley Mulder [de publicidad estatal]. ¿A quién le ha caído todo el grueso mediático? A Fuerza Popular, nos hemos convertido en los enemigos número uno”.

En suma, los intentos por destruir lo poco que le quedaba a la democracia peruana tuvieron como perpetradores a los que señala Reátegui y no a los que señalaban éstos. Felizmente, las reacciones del Tribunal Constitucional corrigieron una situación promovida por los socios apro-fujimoristas que distorsionaba hasta la caricatura el estado de derecho. En octubre había declarado la inconstitucionalidad de la ley que prohibía la publicidad estatal y en la primera semana de noviembre había hecho lo mismo con la resolución legislativa que modificaba las reglas para la cuestión de confianza y censura del Poder Ejecutivo.

Como refirió Augusto Álvarez Rodrich, con estas resoluciones se “cayó la pata de cabra fujiaprista”, es decir, la manera de entender el ejercicio del poder por demás agresiva y sin respetar las formas que predominó en los dos últimos años.

¿Qué les falló a Alan García y su compañía? En corto, fueron «construyendo» paulatinamente un escenario en el que se intentaba asentar la percepción de una situación de deterioro institucional, cada vez mayor. Pero, al hacerlo no les importó agregar el componente fundamental para que esto funcionase en la mente de los peruanos: credibilidad.

¿A quiénes buscó dirigirse García? ¿A quiénes quiso convencer? ¿De qué debíamos convencernos? El lenguaje político es efectivo sólo en la medida en que puede crear conexiones con el depósito cultural de imágenes que poseen los miembros del público masivo. En ese sentido, inventa una realidad y ese poder es lo que mantiene atadas a las personas.

Para que sea aceptada la fantasía que ofertó, era necesario que los consumidores creyeran en las bondades del producto. El desquiciamiento de García no le permitió ver el dato obvio y sencillo que le ofrece reiteradamente la realidad desde hace muchísimo tiempo: es el político más detestado por los peruanos, seguido algo atrás por Keiko Fujimori.


desco Opina / 23 de noviembre de 2018

La movilidad urbana en la ciudad de Lima


El Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC), más conocido por todos como Metropolitano, difunde en su página web que los usuarios reciben como beneficio el ahorro de tiempo, calidad de servicio, trato humano e inclusivo y protección al medio ambiente. Pero para quienes usamos regularmente este medio de transporte público, nos queda claro que este sistema ha colapsado y su uso no significa para nada un ahorro de tiempo en sus viajes, debido a las interminables colas en los paraderos iniciales. Además, la calidad del servicio y el trato humano no son características que puedan ser fácilmente identificables, cuando a diario se registran quejas por parte de los usuarios sobre el mal trato en este medio de transporte. Quizá el único elemento rescatable pueda ser el uso de Gas Natural Vehicular (GNV) en los buses del sistema que, seguramente, contribuyen a una menor contaminación del aire de la ciudad.
Es preciso recordar que el proyecto del Metropolitano fue propuesto inicialmente por el alcalde Alberto Andrade Carmona, en su campaña del año 2001 a la alcaldía de Lima; mientras que el actual alcalde, Luis Castañeda, –quien fue un duro crítico de esta propuesta en la misma campaña electoral– lo retoma en su segundo mandato como burgomaestre en el año 2010. Para lograrlo usó fondos de la Municipalidad de Lima y financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial; tras su inauguración al final de su segundo mandado, reconoció que el sistema vial duplicó su monto inicial de 135 millones de dólares (más de 400 millones de soles) a 300 millones de dólares (cerca de mil millones de soles).
El pasado 7 de noviembre subió el precio del pasaje, en medio de la indignación y notoria mortificación del público usuario y pese a la oposición mostrada por la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Así, los usuarios pagarían S/ 2.85 en la tarifa general y el pasaje de las rutas alimentadoras aumentaría de S/ 0.50 a S/ 0.55. Con una rapidez inusitada –seguramente motivada por la presión mediática– el alcalde Castañeda anuncio el pasado 9 de noviembre que el pasaje volvería al precio original e incluso que devolverían a los usuarios el monto adicional cobrado durante los días de alza.
Sin embargo, el problema de fondo trasciende el mero tema de los pasajes, que constituye solo uno de los aspectos del sistema que tiene que ser reformado. Las empresas concesionarias del Metropolitano han anunciado un proceso arbitral que seguramente ganarán y los perjudicados, como siempre, serán los ciudadanos. En ese contexto debemos estar atentos, puesto que ya en mayo de este año, los operadores del Metropolitano ganaron cuatro de los cinco arbitrajes presentados contra la Municipalidad de Lima por incumplimiento de contrato, obligando a la comuna al pago de 230 millones de soles aproximadamente.
Esta coyuntura nos hace pensar en la clase de autoridades que venimos eligiendo en los últimos años y lo poco efectivas que resultan gestiones como la de Castañeda Lossio, acostumbradas a trabajar por intereses particulares, con una visión que reduce el desarrollo de la ciudad a un conjunto de obras sin sentido, como el bypass de la avenida 28 de julio.
En diciembre próximo culmina el tercer periodo de Castañeda Lossio como alcalde de Lima, gestión que –sin lugar a dudas– deja atrás su imagen de «mejor alcalde del Perú», supuestamente ganada en las dos gestiones anteriores en las que bajo la premisa «roba, pero hace obras» interiorizada en el común de la gente, era la única forma de lograr la mejora de la ciudad. Creemos que la ciudadanía ha empezado a pensar más allá de las obras y, poco a poco, viene entendiendo la importancia de la planificación y el orden necesarios para producir e impulsar una ciudad más justa y equitativa.

desco Opina - Regional / 16 de noviembre de 2018
Programa Urbano