viernes

Los afanes de la inversión en tiempos electorales

Según los Reportes de Vigila Perú y otros informes del Grupo Propuesta Ciudadana, la capacidad de gasto anual de los gobiernos regionales bordea el 50% de los recursos disponibles para inversión. Las fuentes que generalmente no se utilizan en su totalidad son: (i) canon y sobrecanon, (ii) recursos directamente recaudados y (iii) recursos ordinarios; cuya naturaleza no retornable, permite «acumular» dichos fondos para el siguiente ejercicio fiscal.

Un hecho que podría estar contribuyendo al retraso en la ejecución de los presupuestos de inversiones es la lentitud de los equipos técnicos de los gobiernos regionales para viabilizar las ideas de proyecto presentadas en los presupuestos participativos de cada año, es decir, para convertirlas en proyectos a nivel de SNIP. Por esta limitación se dejan recursos sin invertir con significativos retrasos en su asignación.
El desenlace del cual hemos sido testigos en más de una ocasión es que los recursos no programados en el presupuesto participativo, asociados a las fuentes referidas en el primer párrafo, se acumulan entonces para el final de la gestión de las autoridades regionales, sirviendo de «colchón» para una gestión populista y afanes electorales de último minuto.
Esta tendencia configura un escenario más complejo si se suma a las recientes normas que establecen la obligación de los presidentes regionales que pretendan reelegirse, de solicitar licencia 120 días antes de la elección, mientras que aquellos que quieran postular a las alcaldías de provincias o distritos deben hacerlo seis meses antes. Esto quiere decir que las autoridades regionales tienen, dependiendo del caso, hasta abril o hasta junio para ejecutar el presupuesto de inversión directamente, a partir de ahí, cualquiera fuere la dirección de sus afanes, ellos ya no podrán ser los protagonistas del gasto. Como se puede ver, al «embalse» presupuestal observado se suma ahora la premura por gastar antes de tener que abandonar el cargo. Esto nos hace preguntarnos si el criterio con el cual se harán las inversiones en los meses venideros estará alineado con los objetivos del desarrollo regional. Todo indica que no será así.
En el caso de Huancavelica, si bien es cierto que el gobierno regional tiene una capacidad de ejecución mayor al promedio nacional, ello no se refleja en el mejoramiento de las condiciones de vida de las zonas tradicionalmente deprimidas, como es el caso del sur de la Provincia de Huaytará, donde no se ha llegado a gastar ni siquiera el 2% de esos recursos. Santiago de Chocorvos, Córdova, Ocoyo, Laranmarca, San Francisco de Sangayayco, son sólo algunas de las localidades que no conocen inversión alguna de la actual gestión.
A la luz de estos problemas en la gestión regional de los recursos, es preciso analizar el rol de importantes experiencias como el presupuesto participativo. Éste ayuda a recoger información veraz sustentada en las aspiraciones de la población –como la tecnificación de los sistemas de riego, la utilización eficiente de los recursos hídricos, el pago por servicios ambientales, canon hídrico, entre otros–. Creemos en la necesidad de profundizar la descentralización y la regionalización, señalando los múltiples obstáculos que existen para priorizar las verdaderas necesidades de inversión de las poblaciones del interior del país, sobre todo en contextos tan caldeados como los meses previos a las elecciones.

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desco Opina - Regional / 26 de marzo de 2010
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Desconozco mayormente...

Las últimas semanas se han evidenciado nuevos escándalos que muestran el grado de corrupción existente en el país, así como la amenaza de importantes conflictos alrededor de algunos de los anunciados megaproyectos que están en curso. En lo que hace a los escándalos, es indudable que el indulto al empresario José Enrique Crousillat y su posterior anulación, como resultado de su grosera exhibición pública y peor aún, de su pretensión de recuperar la administración de América Televisión, le ha hecho un fuerte daño al gobierno, al Ministro de Justicia –que incomprensible y desafiantemente se aferró al cargo hasta ser tardíamente cesado, pareciendo defensor del involucrado–, así como al propio Presidente de la República, que difícilmente se puede creer sea una víctima de esta comedia de equivocaciones, que explicita la total vigencia y la fuerza del fujimontesinismo en plena coyuntura electoral. Los argumentos esgrimidos como justificación de la patinada gubernamental –el abuso de su buena fe– no convencen a nadie y perjudican, una vez más, la confianza ciudadana en la política y sus instituciones.

El escándalo y el espectáculo ligado a éste coinciden con la amenaza de profundización de los conflictos, ya en marcha, alrededor de dos de las futuras grandes inversiones en las que parece estarse embarcando el país, una privada y la otra pública. El primer caso es el de la explotación cuprífera de Tía María, que compromete a la empresa minera Southern Perú y a sectores importantes de la población de Islay, Arequipa. Mediante una inversión cercana a los mil millones de dólares, la empresa pretende extraer 120,000 toneladas métricas de cobre en una zona agrícola, pesquera y turística, sin que la empresa se responsabilice claramente de los eventuales daños colaterales al medio ambiente y a las fuentes de vida de casi 50,000 habitantes. Inicialmente rechazada en una consulta popular que contó con 13,000 participantes (91% de oposición), hoy, un frente regional, integrado, entre otros por el Presidente Regional, el alcalde provincial y distintas autoridades locales, organizaciones sociales y colegios profesionales; rechaza la posibilidad de que la empresa use aguas subterráneas o construya una presa para sus actividades, aceptando posiblemente el rebombeo del agua de mar, para ese fin.

Así las cosas, el Ministerio de Energía y Minas pretende discutir en abril, un estudio de impacto ambiental, rechazado por la población, que no acepta el supuesto soporte técnico de la empresa para manejar las aguas subterráneas. Aunque la negociación no está cerrada y la población arequipeña parece aceptar la inversión, de usarse el agua de mar, las voces que exigen el uso de la fuerza y denuncian intereses «oscuros» contra el proyecto, ya se hacen oir ante la despreocupación de las autoridades del MEM, interesadas sobre todo en asegurar la marcha del mismo.

El segundo caso es el de uno de los 6 megaproyectos energéticos que el gobierno pretende instalar como parte del convenio con Brasil, la hidroeléctrica de Inambari, que ha motivado ya la paralización de diversas provincias puneñas. Con una inversión de más de 4,000 millones de dólares, el proyecto que apunta a generar 2,000 MW de electricidad –75% para el Brasil y 25% para Perú–, supondría la mayor represa del país y la quinta de América Latina, utilizando 26,500 millones de metros cúbicos de agua, con un espejo de 410 kilómetros cuadrados, en una concesión de 1,700 kilómetros cuadrados. El proyecto implicaría desplazar 27 centros poblados de Puno (San Gabán) y por lo menos 12 de Cusco; exigirá también la inundación de 40,000 hectáreas de tierra, incluyendo el 4% de la superficie del Parque Nacional Bahuaja y de más de 60 kilómetros del tramo IV de la Interoceánica, ya construidos, ello, además de severos impactos ambientales y climáticos, como la deforestación directa de miles de hectáreas por el tendido de 300 kilómetros de líneas de transmisión en nuestro territorio, así como el incremento en 5.86% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, sin incluir los que producirían las turbinas y los ventiladores… Ello, sin discutir el sentido último de un proyecto que beneficia a los brasileños, antes que al país. Por cierto, como en el caso anterior, distintas voces pretenden reducir el conflicto a la «acción interesada de comunistas y ONG».

Lo dramático de los tres casos es la falta de responsabilidad de las autoridades involucradas. Ese «desconozco mayormente» del gobierno en el escándalo Crousillat, es equivalente a la actitud indolente de las autoridades de distintos sectores, con responsabilidad en el futuro de los proyectos de Tía María y la presa de Inambari. Cuando el deterioro de nuestro sistema político está alcanzando niveles insospechados y cercano aún y sin solución cabal el caso de Bagua, produce malestar profundo la falta de responsabilidad política y de compromiso con la democracia que están mostrando nuestros gobernantes.

desco Opina / 19 de marzo 2010
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Caminante… ¿habrá camino para la selva central?

Con emotiva participación de la población de la selva central, el 18 de febrero pasado, arribó una comitiva oficial a la ciudad de Villa Rica en la provincia de Oxapampa, Pasco; para suscribir el contrato con el Consorcio Servicios Viales, que se hará cargo del mantenimiento de la carretera desde el puente Reither en Junín hasta Von Humboldt en la región Ucayali. Este contrato de mantenimiento por cinco años atenderá 365 kilómetros de carretera con un presupuesto de 204 millones 295 mil nuevos soles y beneficiará a comunidades de selva de las regiones Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.

Entre los visitantes más ilustres se encontraban, el Ministro del Ambiente; Antonio Brack y la Ministra de la Mujer; Nidia Vílchez; el Ministro de Transportes y Comunicaciones estuvo representado por uno de sus viceministros. Se resalta que al acto, llegaron alcaldes y delegaciones de los distritos beneficiados, así como autoridades y delegaciones de Satipo, Pichanaki y Chanchamayo –todas ellas, provincias pertenecientes a la región Junín– y otras ciudades relativamente cercanas pero que no están directamente relacionadas con la obra. Muchas de estas delegaciones de nativos y colonos se han trasladado cruzando ríos bastante caudalosos debido a la vigente temporada de lluvias, lo que hace más loable el sacrificado esfuerzo.
No existe mancomunidad municipal alguna, y poco o ningún esfuerzo biregional para diseñar e implementar planes de desarrollo de la selva central, pero a pesar de ello los líderes y autoridades de los distritos siempre realizan coordinaciones superando las limitaciones de comunicación, lo ideal sería que esta coordinación se realice de manera estructurada porque es indudable que existe cierta identidad de conjunto entre los pueblos de la selva central al compartir problemas y carencias similares, además, se percibe buena voluntad de aprovechar solidariamente estos escasos espacios donde cuentan con la presencia de Ministros de Estado y funcionarios de nivel para expresar sus solicitudes.
Un hecho que pasó desapercibido para la mayoría de la concurrencia fue la casi total ausencia de representantes de los gobiernos regionales, sobre todo de la Región Pasco, que eran los dueños de casa y que a la postre serían los más beneficiados con la obra que mejorará la carretera de acceso a los distritos de la provincia de Oxapampa. Debieron hacerse presentes para demostrar que las desveladas gestiones ante PROVIAS y otras instancias del Ministerio de Transportes realizadas por los alcaldes de Villa Rica y Oxapampa, cuentan con su pleno respaldo. Para la Ministra de la Mujer, aparentemente esto no pasó inadvertido, y en su discurso reconoció justicia en las aspiraciones de muchos pobladores por la conformación de una región selva central, sin dejar de recalcar que en los últimos años se ha producido un importante incremento de recursos en el presupuesto de la Región Pasco, y aunque no se regodeó en pregonar el lento destino de esos fondos regionales, la Ministra sí se esmeró en enumerar y cuantificar las inversiones del gobierno central en carreteras, electrificación, salud, educación, saneamiento y programas sociales entre otros, «…nos preocupamos por los pueblos pobres del Perú y no los olvidamos…» No es necesario tener una mente maliciosa para darse cuenta que existe muy poca coordinación entre el gobierno central y el regional, podría incluso deslizarse la idea de competencia y distanciamientos entre ambos niveles del Estado, en lugar de una conveniente complementariedad para articular y optimizar el uso de los recursos disponibles. Si no se articulan los esfuerzos y recursos del gobierno central, regional y local en concordancia con el trabajo de la población emprendedora de la selva central, es evidente que el camino para el desarrollo integral se hará mucho más largo y poco productivo.
La rehabilitación de esta carretera ayuda a la integración de los pueblos nativos yaneshas y asháninkas así como de los colonos; pero es insuficiente porque no promueve un cambio sustantivo. Se mejorará la conectividad con el centro del país, especialmente con la capital de la república reduciendo los tiempos y los gastos del transporte pero si no se le suman otros proyectos viales de mejora de caminos locales y vecinales –que son responsabilidad de las regiones y municipalidades– no habrán mejoras sustantivas en la rapidez y oportunidad con la que se comercializan los productos agropecuarios. Además las regiones y gobiernos municipales son conscientes de que a los agricultores les urge contar con asesoría técnica, capacitación, equipamiento e infraestructura al servicio de la actividad productiva, sin ello no se incidirá significativamente en el desarrollo económico de la selva central. En conclusión los caminos unen pueblos pero; las acciones concertadas unen esfuerzos y optimizan recursos por lo tanto; mientras este proyecto se mantenga aislado de otras inversiones complementarias, esta importante rehabilitación de carretera terminará como un gran camino hacia ninguna parte.

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desco Opina - Regional / 12 de marzo de 2010
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Sobre corrupción, desinstitucionalización y decencia

El malestar creciente de la ciudadanía con la corrupción aparece en los resultados de distintos sondeos nacionales de opinión pública divulgados el mes de febrero. Así, la encuesta de IPSOS-APOYO muestra que el 41% de los que desaprueban la gestión del presidente García, lo hacen porque hay mucha corrupción en su gobierno. Por su parte, CPI, a partir de su medición, señala que el 16% de sus encuestados, cree que la corrupción es uno de los principales desaciertos de la gestión gubernamental. El Barómetro de la Universidad de Lima –sólo para Lima y Callao– registra que el 48.4% de sus encuestados entiende que el principal problema del partido de gobierno es el de la corrupción.

No podía ser de otra manera, en un escenario en el que en los últimos días, la corrupción y la arbitrariedad en las decisiones de muchas instituciones públicas, ocupó espacio central en la mayoría de medios de comunicación. El escándalo de los «petroaudios», a pesar de los esfuerzos del Poder Judicial y de calificados voceros del gobierno en contrario, no sólo no termina sino que parece involucrar a más figuras visibles del poder, sumándose así a distintas historias antiguas, como la compra de patrulleros, y a otras nuevas, como la adquisición de camiones portatropas, actualmente en discusión.
Como ocurre siempre, la corrupción se ve ayudada por la fragilidad de las instituciones y alienta simultáneamente una mayor desinstitucionalización, como lo demuestran distintos sucesos recientes, vinculados los más de ellos a la judicatura. La sospechosa descalificación del fiscal Guillén en un concurso convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura terminó con el concurso y golpeó duramente a la ya desprestigiada institución, ahondando sus diferencias con la cabeza del Poder Judicial, quien a su vez «patinaba» apoyando a un juez que trataba de imponer la incorporación de Javier Ríos al Tribunal de Garantías Constitucionales, polémico abogado que tuvo que renunciar a su designación al demostrarse sus vínculos con Agustín Mantilla. Tribunal de Garantías Constitucionales, que dicho sea de paso, había fallado irregularmente a favor del mismo abogado, en un curioso juicio con la universidad Ricardo Palma.

En este contexto, en el que una vez más se evidencian en el país, altos niveles de corrupción y crisis de las instituciones, Lourdes Flores Nano finalmente optó por su candidatura a la municipalidad de Lima, aunque espera un evento partidario en abril para ratificar su decisión. Presionada por la derecha política y por distintos medios de comunicación, pero también por parte de la dirigencia nacional de su partido, la lideresa del PPC tuvo que optar por la decisión menos riesgosa para su futuro político. A fin de cuentas, la alcaldía metropolitana parece más a su alcance en el corto plazo, que el palacio de gobierno. Quienes la empujaron a esta opción lograron así su cometido: limpiarle el camino a la candidatura presidencial de Luis Castañeda, a quien sienten como la garantía silenciosa de la continuidad del modelo de crecimiento y exclusión, iniciado por el fujimorismo.

Demostrando sus ganas, pero también sus reflejos políticos, la virtual candidata metropolitana, aprovechó la propuesta humalista de construcción de un frente anticorrupción y se proclamó la adalid de la decencia, versión «occidental y cristiana» de la indispensable lucha contra la corrupción, largamente instalada en el país. Por esa vía –además de dejar sin bandera a un importante sector de la oposición– la ex rectora de la universidad San Ignacio de Loyola, golpea a quien entiende su principal opositor, Alex Kouri, presidente regional del Callao, actualmente a la búsqueda de un «vientre de alquiler» para candidatear al municipio capitalino, a la vez que trata de reposicionar a su partido en el frente de derecha que tendrá como candidato a la presidencia al actual burgomaestre limeño.

Dejarle a la virtual candidata pepecista la bandera nacional de la lucha contra la corrupción y reducirla a sus aspectos más formales, aquellos referidos seguramente a la decencia y las buenas maneras, sería un gran error. Pero sería también una manera de exonerar a sus inminentes socios nacionales, con Luis Castañeda a la cabeza, que se esconde tras la supuesta eficiencia de su gestión, de pronunciarse y actuar en un tema que a todas luces está minando las instituciones y la democracia toda.


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desco Opina / 5 de marzo 2010

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martes

Agua versus minería ¿y el desarrollo?

Las últimas semanas en el sur peruano apreciamos una dura confrontación entre la empresa Southern Perú y los agricultores y gobiernos locales del valle de Tambo en la provincia de Islay. Esta batalla es consecuencia del proceso iniciado por la empresa minera para poner en marcha el proyecto cuprífero Tía María con una inversión anunciada de 900 millones de dólares que generarían empleo permanente para 600 personas y transitorio para otras 3000 en los tres primeros años, mientras dure la puesta en marcha del proyecto.

A la base del conflicto se halla un tema crucial de nuestro tiempo: el uso del agua, muy escasa en el valle de Tambo, entre la agricultura que se desarrolla en este espacio desde tiempos inmemoriales y que llegó a ser calificado por Raimondi como la despensa de Arequipa, frente a los intereses de la principal empresa minera cuprífera del país para explotar recursos que son demandados en el mercado internacional de manera creciente, y por tanto con la perspectiva de una generación importante de ingresos.

El 27 de setiembre de 2009 se realizó una consulta vecinal donde el 95% se pronunció en contra de la ejecución del referido proyecto minero. Casi de inmediato aparecieron las acusaciones de manipulación desde los sectores interesados en la ejecución del proyecto, que quieren llevarlo adelante de cualquier manera o como lo quiere la empresa. En las condiciones que se realizó la consulta, bajo una fuerte presión mediática a favor del proyecto minero, se logró una participación del 30% de los electores hábiles. De manera similar a la consulta realizada en Piura sobre la pretendida explotación minera de Majaz, el rechazo de la población fue absolutamente mayoritario e igualmente descalificado por los defensores de la «teoría del perro del hortelano», según la cual es inconcebible que «pequeños grupos de agricultores poco instruidos impidan extraer las riquezas del subsuelo y traer el desarrollo».

Sin embargo, las actitudes de los agricultores, los reparos a la inversión minera, la defensa de los recursos hídricos y del medio ambiente, ponen sobre la mesa temas centrales del problema nacional que no debieran ser soslayados de ningún modo. El caso del Valle de Tambo es, en este sentido, aleccionador.

La escasez de agua de riego que sufre el valle, tiene una de sus causas en la construcción de la represa de Pastogrande, que derivó aguas de la cuenca del Tambo, agudizando los conflictos internos en la época de estiaje y deteriorando su calidad por el incremento de las concentraciones de boro. Fue así como este proyecto «desvistió un santo para vestir otro», propiciando agudos enfrentamientos con la población de Moquegua. En este marco, el proyecto Tía María requiere de 8 millones de metros cúbicos anuales. Ante la intención de la minera de usar agua del subsuelo, que no es inagotable –como lo muestran los problemas actuales por la sobre explotación del agua de subsuelo en Ica– la población ha propuesto que se use el agua de mar desalinizada, un proceso más costoso para la empresa minera, pero que no afectaría la supervivencia de la actividad agropecuaria.

Otro antecedente que influye en este conflicto es una antigua confrontación de los agricultores del valle de Tambo contra la empresa Southern por los efectos contaminantes de los humos de la fundición de Ilo sobre los cultivos, acusación negada reiteradamente por la empresa. Luego de varios años de presión, finalmente la empresa instaló una planta de recuperación de ácido sulfúrico de los humos de la fundición, confirmando los reclamos de la población con las miles de toneladas que actualmente se recuperan y que anteriormente eran arrastradas por los vientos sobre los cultivos del valle de Tambo, propiciando lluvias ácidas y severas pérdidas a los agricultores.

Finalmente, al ponerse sobre el tapete el tema del desarrollo, el sentido común de la población ha planteado abordarlo de manera integral y no solamente como una contraposición de agro y minería, estableciendo un campo de negociación más amplio y con posibilidades reales de abordar un conjunto de intereses presentes, considerando:

- El afianzamiento de la cuenca del Tambo mediante la construcción de la represa de Paltiture o Huayrondo
- Desarrollo hidroenergético mediante la construcción de una central hidroeléctrica
- Desarrollo agropecuario
- Desarrollo de la infraestructura educativa y la mejora de la calidad de la educación promoviendo carreras técnicas
- Tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos
- Fortalecimiento de los servicios de salud y salud preventiva
- Desarrollo del turismo
- Desarrollo pesquero
- Mejora de la infraestructura de transporte.

Durante la reunión convocada por el Gobierno Regional de Arequipa, el viernes 19 de febrero, el Presidente Regional, los alcaldes distritales y dirigentes de la población, han ratificado los acuerdos de la consulta vecinal y exigen la declaración de intangibilidad del valle del Tambo.

Por otro lado, la empresa fortalece la presión mediática anunciando su disposición a financiar la represa de Paltiture y disponer de parte de las aguas represadas para el proyecto minero y señala los efectos negativos que tendría sobre el canon minero un incremento de los costos al procesar el agua de mar en lugar de usar el agua del subsuelo.

Que sea ésta una ocasión para desarrollar el debate sobre el rol de la minería frente al desarrollo regional y nacional, pues frente a nuestra larga historia de país minero, comienza a afirmarse el sentido común ciudadano sobre un rol diferente de la minería cuando el poblador común se pregunta: ¿Por qué tenemos que seguir exportando solamente el cobre y no alambre de cobre?

desco Opina - Regional / 2 de marzo de 2010
Programa Regional Sur

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